La Superintendencia de Educación anunció, como parte de un proceso con el propósito de atender a las comunidades educativas y responder a sus inquietudes, un proceso de actualización normativa que pretende simplificar las exigencias a los establecimientos y fortalecer el rol pedagógico de sus equipos docentes y administrativos.

En concreto, la medida propone la derogación de las circulares N°781, N°782 y N°202, publicadas entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, y que entraban en vigor el 1 de julio de este año, regulaban reglamentos internos y medidas disciplinarias en establecimientos de educación básica, media y parvularia.

La superintendenta (s) Pamela Adriazola dio a conocer esta información en el Liceo Bicentenario de Temuco, en donde acompañó a la ministra de Educación, María Paz Arzola, como parte de su campaña de reuniones “Directores por Chile”. La decisión responde a la pronta aplicabilidad, también desde el 1 de julio, de la nueva Ley N°21.809 sobre Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas, que determina un nuevo marco normativo para la vida escolar y parvularia. Con ello, se busca adecuar la regulación vigente y entregar mayor claridad a las comunidades en temas que son fundamentales para su funcionamiento interno.

A día de hoy, los establecimientos educativos se han visto sometidos a una fuerte sobrecarga administrativa, toda vez que responden a 2.900 obligaciones normativas, tarea que deben ejecutar al mismo tiempo que cumplen el ejercicio de su liderazgo pedagógico. El hecho de que estas circulares fueran publicadas a fines del año pasado y al inicio de este 2026 devino también en cierta inquietud de las comunidades, quienes apuntaban a un incremento de las exigencias en un momento de alta complejidad para la gestión escolar. La determinación de actualizar y simplificar la normativa busca precisamente liberar a los equipos directivos de exigencias desproporcionadas, permitiéndoles concentrarse en la mejora de los aprendizajes y en el bienestar de los estudiantes.

Hasta el 30 de septiembre de 2027, apuntando a una implementación efectiva de la nueva Ley, la Superintendencia ejercerá sus funciones de fiscalización con un enfoque formativo y de acompañamiento. Lo que significa que se privilegiarán observaciones y recomendaciones antes que sanciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo séptimo transitorio de la norma.

Asimismo, se reiteró que el Dictamen N°65 de la Superintendencia quedará sin efecto, dado que desde julio la Ley N°21.809 autoriza expresamente el uso de recursos tecnológicos para la detección de elementos que puedan poner en riesgo la seguridad de los recintos educativos. La revisión de mochilas, sin embargo, quedará sujeta a las modificaciones que se definan en el proyecto de ley “Escuelas Protegidas”.

La ministra María Paz Arzola subrayó que esta decisión representa un paso fundamental para atenuar la carga excesiva que hoy enfrentan docentes y equipos directivo:

“Queremos un sistema normativo más simple, claro y coherente, que devuelva confianza a las comunidades educativas y que les permita dedicar su energía a enseñar, acompañar y formar personas. La educación requiere reglas claras, pero también flexibles y pertinentes. Esta actualización no es solo un ajuste técnico, es también una señal política: queremos que la normativa sea un apoyo, no un obstáculo”.

En tanto, la superintendenta (s) Pamela Adriazola recalcó que la derogación de estas circulares marca un avance hacia la desburocratización del sistema escolar.

“Esta decisión”, dijo, “se toma tras escuchar a expertos, comunidades educativas y docentes de todo Chile. La Superintendencia está avanzando hacia un ejercicio que simplifique procesos y que entregue herramientas útiles a los establecimientos, en lugar de imponer cargas administrativas que terminan debilitando su gestión. Por lo mismo, asumiremos un rol activo de acompañamiento, orientando y apoyando a las comunidades en este período. No queremos que se nos vea solo como un organismo fiscalizador, sino también como un aliado que acompaña y orienta a las comunidades educativas en la implementación de la nueva ley”.

Con este anuncio, se busca dar una señal clara de autonomía y apoyo a las comunidades educativas, reafirmando que la normativa debe ser un instrumento al servicio de la calidad y no una carga que limite el desarrollo de las escuelas.