La Corte de Apelaciones de Santiago acogió una demanda contra el Conservador de Bienes Raíces de la capital, a quien responsabilizó por haber eliminado ilegalmente una inscripción de dominio vigente, causando perjuicios económicos a un comprador de un inmueble.

De ese modo, el tribunal condenó al Conservador a pagar 5.500 UF (Alrededor de $216 millones) por daño emergente y $119 millones por lucro cesante al afectado, Pedro Claudio Gallardo Mandujano.

Todo porque este último no pudo consolidar el dominio del inmueble ni arrendarlo debido a la supresión de la inscripción.

De acuerdo al sitio del Poder Judicial, la Corte determinó que el Conservador actuó de forma “arbitraria e ilegal”, sin respaldo judicial ni administrativo.

El fallo determinó de ese modo:

- Daño emergente: La Corte acreditó la pérdida directa del valor del inmueble adquirido, al no poder perfeccionar la compraventa.

- Lucro cesante: Se reconoció la pérdida de ingresos por un arriendo pactado a diez años, con una renta mensual de $1 millón.

El fallo se apoyó en jurisprudencia previa de la Corte Suprema, que exige que los conservadores actúen con apego a la legalidad.

También advierte que su omisión puede generar responsabilidad patrimonial directa.