Constanza Jáuregui Hernández, subteniente de Gendarmería y colaboradora directa de la directora regional en Tarapacá, fue una de las 13 funcionarias implicadas en una red dedicada al ingreso de drogas al penal de Alto Hospicio.

La funcionaria fue formalizada por asociación ilícita e incumplimiento de deberes, en una investigación que incluyó también a 12 gendarmes activos y cuatro civiles.

Según la indagatoria, los implicados coordinaban la entrada de estupefacientes y elementos prohibidos al recinto penitenciario mediante el apoyo de civiles encargados de los suministros.

La fiscal Trinidad Steinert detalló que la red configuró delitos de “lavado de activos, asociación criminal, tráfico ilícito de estupefacientes y microtráfico”.

Investigadores apuntan a que la red, integrada mayormente por suboficiales, también recibía apoyo desde niveles superiores de la institución.

Hubo una advertencia sobre la subteniente

El rol de la oficial ayudante de la directora regional es descrito internamente como altamente estratégico, manejando agenda, documentos y vínculos institucionales.

En la investigación por los narcogendarmes, Jáuregui quedó bajo el foco por su relación con un suboficial que operaba tareas logísticas dentro de la organización criminal, con quien mantenía movimientos bancarios investigados.

De acuerdo a información de Radio Biobío, una escucha telefónica reveló que su pareja le comentó que podían descubrir sus “cositas”, lo que implicaría conocimiento de las maniobras ilícitas dentro del penal.

En su domicilio, compartido con su conviviente, la policía halló varias dosis de marihuana listas para su comercialización, ampliando la sospecha sobre su participación.

En esa línea, el reporte indica que la directora regional fue advertida semanas antes sobre gastos y viajes de la subteniente que no coincidían con sus ingresos, pero decidió mantenerla en su cargo.

Consideren que más de 24 domicilios fueron allanados en Tarapacá, Bío Bío y La Araucanía, resultando detenidos 12 funcionarios y siete civiles, junto con droga, armas, municiones, $13 millones y 7.000 euros.

Gendarmería señaló que los involucrados fueron sometidos a retiro no voluntario y que se abrió una investigación interna para establecer responsabilidades administrativas.