El caso de Alan Peña remeció al país. En diciembre de 2016, cuando apenas tenía 13 años, el niño con síndrome de Asperger fue torturado y asesinado en Temuco.

Dos años antes, sus padres se separaron. Oscar Peña, el padre, quedó solo junto a Alan y sus otros dos hijos menores.

Fue en este complejo escenario que el preadolescente empezó a experimentar síntomas de asperger y se tornó impredecible. Peor aún, comenzó a escaparse de la casa.

Así las cosas, Oscar tomó una drástica decisión: pidió que Alan ingresara a una de las residencias del Sename.

“El papá lo iba a ver (al centro del Sename), le llevaba ropa, salía con él y sus hermanitos. Pero tenía esa enfermedad que no tiene filtros, quería ser libre y hacer las cosas a su manera. Era un niño inteligente que cursó hasta octavo básico, salió campeón de ajedrez, incluso le ganó a sus profesores en la escuela Manuel Montt. Ahora estaba siendo tratado por psicólogos y con medicación. El niño era libre pero feliz, cariñoso con todo el mundo”, explicó su abuelo paterno a La Tercera.

Alan pasó por cuatro colegios en seis años. El último fue la Escuela Particular Estrella de Belén. En este establecimiento, el niño mostró un comportamiento preocupante, marcado por actitudes de acoso hacia sus compañeras. Al respecto, su abuelo aclaró que su nieto era extremadamente cariñoso y que esas conductas podían ser malinterpretadas.

La tortura tras acusación

Una falsa acusación terminaría con la vida de Alan. Johana, madre de una niña de cinco años, acusó al menor de violar a su hija. Tal era su seguridad, que decidió contárselo a su jefa a pocas horas de enterarse.

Alertada por la situación, la empleadora le dijo que volviera a su casa y traslade a la niña a un centro médico. Era necesario confirmar el presunto delito sexual. Para acelerar este proceso, la mujer le pidió a un empleado (de apellido Bravo) que la traslade en vehículo.

Fue así como Bravo pasaría a ser un testigo clave de la tragedia. Al llegar a la casa de Johana, el hombre vio a la niña de cinco años acostada, con un ojo morado. Luego, aparece el padre de la niña, Pablo, quien dice “al huevón lo tengo amarrado en la otra casa”.

Bravo es llevado a la otra casa, a unos 30 metros en la parte posterior de la vivienda de Pablo (quien tenía una condena por narcotráfico) y Johana, donde estaba Víctor, de 18 años, quien arrendaba ahí. Bravo dice que vio al niño amarrado y que salió inmediatamente para luego hacer la denuncia a Carabineros.

Cuando estaba en eso, Bravo dice que recibe una llamada de Johana, la madre de la niña. “El cabro chico ya era”, le dijo la mujer, quien le pidió ayuda al sujeto que la acababa de transportar a su vivienda. Él no hizo caso y acudió a la policía.

La pareja de carabineros que llegó al lugar encontró a Alan debajo de la cama, envuelto en un cobertor. También hallaron un cinturón y un martillo. La pareja y Víctor fueron detenidos en el acto.

Posteriormente, se confirmaría que el niño fue torturado a golpes y martillazos durante 12 horas. Murió asfixiado.

En su declaración, Víctor explicó que el único “vínculo” de Alan y la pareja asesina: el niño se quedaba a dormir con él cuando escapaba del Sename y juntos vendían calendarios en la calles de Temuco.

Debido a la cercanía de las casas, Alan pudo interactuar con la niña. Sin embargo, el informe sexológico arrojó que la pequeña no fue violada.

Condena

En junio de 2018, el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco condenó a 20 años de presidio efectivo a Pablo y a 300 días de presidio a Bravo (quien siempre acusó inocencia, ya que sólo denunció la situación que le tocó presenciar). En cuanto a Johana y Víctor, ambos fueron absueltos de los cargos.