La fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, solicitó información sobre las operaciones internacionales de 14 personas naturales y jurídicas, incluyendo a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, su esposo y, además, del abogado Luis Hermosilla.

De acuerdo a información de Ciper, la indagatoria, solicitada en septiembre de 2024 al Banco Central, se enmarca en una investigación reservada que desde el 5 junio pasado incluye presuntos delitos de lavado de activos.

Vivanco fue destituida de la Corte Suprema tras revelarse su rol en el caso Codelco-Belaz, donde no informó su vínculo con el abogado de la empresa bielorrusa - Belaz Movitec - que fue favorecida por un fallo que otorgó $17 mil millones. La fiscalía ahora revisa posibles movimientos financieros irregulares desde 2018.

En ese sentido, la diligencia, reservada hasta ahora, fue instruida dos semanas antes de que Vivanco fuera destituida del máximo tribunal.

Y a raíz de esta investigación se pidieron antecedentes sobre ingresos, envíos y uso de divisas en el extranjero, además de transacciones con tarjetas desde Chile hacia fuera.

Quiénes están en la mira

El Banco Central confirmó que siete personas naturales (entre ellas Vivanco, Hermosilla y abogados del consorcio Belaz-Movitec) realizaron operaciones internacionales.

Además de Vivanco y Hermosilla, también figuran Gonzalo Migueles, esposo de la exministra junto a los abogados y exdiputados Eduardo Lagos y Gabriel Silber, además de los abogados Marcelo Castillo, Mario Vargas e Isaac Ramírez.

A la investigación se suman a tres representantes del consorcio bielorruso: Serjan Sekul, Jaime Duch y Josip Sekul.

También se remitió información financiera de las tres empresas involucradas: Belaz Movitec SpA, Movitec S.A. y Belaz Latin America SpA.

La fiscalía indaga posibles delitos financieros en virtud del artículo 39 de la Ley Orgánica del Banco Central, que regula las operaciones en moneda extranjera. Estas no se limitan a dinero físico, sino también a documentos que impliquen pagos en divisa extranjera.

La investigación permanece bajo reserva por seis meses, mientras el Ministerio Público profundiza en las operaciones sospechosas de este grupo de personas.