El jueves 24 de junio de 2010 quedó al descubierto uno de los asesinato más impactantes de la historia reciente de la tranquila comuna de La Unión, en la Región de Los Ríos.

Dos días antes, la familia y pareja de Claudia Yáñez se acercaron a Carabineros para poner una denuncia por presunta desgracia. Estaban preocupados y extrañados.

Y no era para menos, ya que la joven de 22 años no concurrió hasta el jardín a buscar a su hijo de apenas dos, fruto de una anterior relación sentimental.

Sospechas en el ex

En la ocasión, los cercanos a Claudia no dudaron en expresar sus sospechas en el expololo y padre del pequeño. Un funcionario de la Inspección del Trabajo, identificado como Dustin Casanova (26).

Fue así como los efectivos policiales llegaron a la vivienda del sujeto y advirtieron que la tierra había sido removida en el patio.

En cuestión de minutos, encontraron los restos de la mujer, quien además presentaba tres meses de embarazo. Situación que era conocida por el asesino.

De acuerdo a la investigación, los hechos ocurrieron el 22 de junio, dos días antes del hallazgo, cuando el acusado llevó hasta su casa a la víctima haciéndole creer que allí le pagaría la pensión alimenticia que le adeudaba por la manutención del pequeño.

“Una vez al interior del domicilio del acusado, encontrándose éste a solas con la víctima, tomó un cuchillo y la agredió propinándole 39 heridas cortantes y cortopunzantes en distintas partes del cuerpo, causándole la muerte por una anemia aguda secundaria. Esta situación también provocó el fallecimiento del feto que la victima gestaba”, precisó el fiscal del caso.

Posteriormente, el acusado intentó desmembrar el cadáver, para luego envolverlo con frazadas y sábanas, las cuales amarró, enterrando finalmente el cuerpo de la víctima en el patio posterior de su casa. Una vez hecho esto, con la finalidad de deshacerse del cadáver, le prendió fuego.

En vista de los graves hechos, el Ministerio Público solicitó que se también se condenara a Casanova por el delito de aborto violento, pero el tribunal estimó que dicho ilícito se encontraba subsumido en el delito de homicidio calificado por el que se dictó la condena.

Así las coas, Fiscalía solicitó al tribunal la máxima pena que establece la legislación de nuestro país: el presidio perpetuo calificado, que implica el cumplimiento efectivo de al menos 40 años de presidio. También fue descartado.

La justicia determinó que el criminal debía pasar 15 años tras las rejas. Salió antes y ya goza de libertad.