Este sábado la defensa de Joaquín Lavín León recibió una negativa de parte de la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, donde rechazaron su solicitud, la que buscaba revertir la prisión preventiva.

El recurso de amparo impuesto por Cristóbal Bonacic, el abogado defensor, buscaba que el exdiputado deje el anexo penitenciario Capitán Yáber, para que la investigación en su contra continúe, pero con él lejos de la cárcel.

De acuerdo a lo informado por Radio Biobío, desde la corte señalaron “que no concurriendo en la especie una ilegalidad o arbitrariedad palmaria y manifiesta que justifique la intervención correctiva excepcional de esta Corte por la vía del artículo 21 de la Constitución, y no habiéndose afectado de manera ilegal la libertad personal y la seguridad individual del amparado, la presente acción será desestimada. Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de la República, se rechaza la acción constitucional de amparo deducida en favor de don Joaquín José Lavín León, sin perjuicio de los demás derechos y recursos que puedan corresponderle en la sede procesal pertinente”.

Continúa en Capitán Yáber

Joaquín Lavín Jr. fue llevado hasta el recinto carcelario luego de ser formalizado por los delitos de fraude al fisco, falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil, y tráfico de influencias, los que habrían sido cometidos entre 2015 y 2026.

Con este panorama, desde la defensa de Lavín León argumenta que “en su calidad de Diputado de la República, fue objeto de un antejuicio de desafuero solicitado por el Ministerio Público”.

Así mismo apuntan a que “en la audiencia de formalización del día 4 de mayo de 2026, el Ministerio Público formalizó a Lavín León, por los delitos de cohecho y los ilícitos previstos en los artículos 53 N°4 y 54 N° 4 de la Ley 18.556, modificando los hechos incluidos en el antejuicio de desafuero”.

En concreto, la estrategia del abogado defensor del exdiputado apunta a que “se formalizó por hechos no contenidos en el antejuicio de desafuero”, por lo que denuncian que “el persecutor agregó un delito de fraude al fisco”.