Por Erasmo TauranNo es su primera gran polémica: filtran quién del Gobierno sería el responsable de la frase “Estado en Quiebra”
Se trata de un peso pesado del Gobierno de Kast. La frase terminó siendo feroz “autogol” para La Moneda.

Querían justificar la histórica alza de las bencinas, pero la frase “Estado en quiebra” terminó jugándole en contra al Gobierno de José Antonio Kast. Alto personero asumió la culpa.
Luego que La Moneda anunciara su decisión de no amortiguar los precios y traspasar la brutal alza de los combustibles a los consumidores, las comunicaciones del Gobierno se desplegaron en internet asegurando que el Estado quedó “en quiebra” por la administración anterior.
Fue el propio ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien desarmó categóricamente ese relato: “Jamás ocuparía una palabra como esa”, afirmó.
Y es que diferentes analistas advirtieron que el concepto “quiebra” es peligrosamente exagerado, pues describiría un país que no cumple sus obligaciones monetarias y dañaría su imagen frente al mundo en materia de inversiones.
De acuerdo a La Tercera, al interior de La Moneda un peso pesado asumió la responsabilidad por el error: el director de comunicaciones y gran estratega de Kast desde la campaña: Cristián Valenzuela.
Según filtraron, las gráficas donde se hablaba de “quiebra” fueron elaboradas por un equipo de la Secretaría de Comunicaciones (Secom), pero sería Valenzuela quien las visaba.
El “genio” comunicacional del Partido Republicano ya había protagonizado una polémica anterior, cuando en una columna de opinión trató de “parásitos” a una parte de los funcionarios públicos del país.

Tuvieron que borrar posteos y Contraloría reaccionó
Tras el desmarque de Quiroz todas las cuentas oficiales de Gobierno en internet comenzaron a borrar las publicaciones. Hasta circuló un video donde utilizaban la misma frase.
El asunto escaló incluso a Contraloría, organismo que ofició a la ministra secretaria general de Gobierno, Mara Sedini, para requerir información sobre publicaciones difundidas por la cartera en redes sociales.
La entidad dirigida por Dorothy Pérez dio un plazo de cinco días hábiles para que precisen qué recursos del Estado fueron utilizados para elaborar dichas publicaciones, así como el personal que participó en su generación.
Además,solicitó aclarar cuál es el fundamento normativo que respalda esos contenidos y cuáles son los sustentos fácticos de las afirmaciones difundidas.
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