Una serie de antecedentes policiales y judiciales son parte del expediente del caso en que la Fiscalía indaga por cohecho, fraude al Fisco y lavado de activos, al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), en el marco del caso Farmacias Populares.

Si bien el edil niega cualquier responsabilidad, en el Ministerio Público —y según lo señalado en la audiencia de formalización— estarían convencidos de la responsabilidad penal de Jadue.

¿Cuáles son las pruebas?

Según detalló La Tercera PM, entre los últimos peritajes de los investigadores hay tres que llegaron a manos de la fiscal Giovanna Herrera, durante la semana pasada. Se trata de informes del OS-7 de Carabineros en que se detallan los ingresos y egresos de dinero de Achifarp y la Municipalidad de Recoleta, en que se concluyen algunas inconsistencias en el manejo contable de los más de $3 mil millones que se manejaban en la Asociación.

Por ejemplo, en el “Análisis de Ingresos y Gastos Achifarp” se revisaron antecedentes bancarios, provenientes del alzamiento de secreto bancario, de la sociedad, detectando que los ingresos totales de Achifarp sumaron, entre 2017 y 2022, $3.233 millones, donde su principal fuente corresponde a entidades públicas en un 81,6%, observándose también ingresos de personas naturales y entidades privadas.

Sin embargo, el informe advierte que si bien los egresos totales de la Asociación ascienden a $3.557 millones, donde su mayor gasto está en el pago a proveedores con un 68,1%, “se observa aún pagos sin identificar por parte del Banco Estado, en conjunto con pagos a personas naturales, las cuales no prestaron ningún servicio a través de honorarios o sueldos, tampoco son proveedores, por lo que se desconoce a que corresponden estos pagos”.

Otro informe, sobre las cuentas corrientes de Achifarp, también detectó inconsistencias, al analizar los “abonos” realizados por entidades públicas, pero también privadas.

Sobre este punto se concluyó que “en consideración a los antecedentes expuestos y, producto de la revisión efectuada a los fondos recibidos en la cuenta corriente de Achifarp se llega a la conclusión que esta le vendió productos a entes privados y a personas naturales en forma directa, a pesar que no tenía la facultad para realizar este tipo de operaciones”.

El supuesto rol de Jadue

Para el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, el rol de Jadue en Archifarp fue fundamental.

“Durante los años 2020 a 2022, el imputado Daniel Jaude, en su calidad de presidente de la Achifarp como alcalde de la Municipalidad de Recoleta, concertado con los imputados Raúl Daniel Moraga Lagarrigue y José Matías Muñoz Becerra, en su calidad de secretarios ejecutivos de la Achifarp, teniendo a su cargo la gestión y salvaguarda del patrimonio social, realizaron una serie de actuaciones, ejerciendo abusivamente sus facultades, toda vez que actuaron sin autorización ni conocimiento del directorio ni el resto de los socios, contraviniendo el objeto y fines de Achifarp”, expuso ante el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago.

Con estos y otros antecedentes, la Fiscalía irá por la prisión preventiva del edil.