Una querella criminal fue presentada contra el ministro de Vivienda, Iván Poduje, por su actuación en el proceso de reconstrucción del sector El Olivar, en Viña del Mar.

De acuerdo a Radio Biobio, la acción judicial fue ingresada por la entidad patrocinante Social Arquitectura ante el Juzgado de Garantía de la ciudad.

La querella también apunta contra el seremi de Vivienda de Valparaíso, Marcelo Ruiz, y el director subrogante del Serviu regional, Rodrigo Muñoz, por su participación en las decisiones que derivaron en la paralización de obras del proyecto habitacional.

Según el escrito, las autoridades habrían utilizado sus cargos para excluir a Social Arquitectura y a la Constructora San Sebastián de iniciativas destinadas a reconstruir viviendas para 356 familias afectadas por el megaincendio de febrero de 2024.

La presentación sostiene que dicha exclusión se habría concretado mediante resoluciones administrativas supuestamente carentes de fundamento legal, acompañadas de acciones destinadas a justificar el término de contratos vigentes y la posterior demolición de viviendas.

La abogada de Social Arquitectura, Érika Maira, afirmó que la querella fue presentada porque el ministro “utilizó el aparato estatal para cometer delitos, interferir ilegalmente en contratos vigentes y dictar resoluciones manifiestamente injustas”.

Entre los hechos denunciados figuran presuntas presiones a funcionarios públicos, falsificación de instrumentos públicos, engaños a familias damnificadas y eventuales irregularidades que, según la acción judicial, podrían configurar un fraude al fisco.

La querella también cuestiona la decisión de paralizar completamente las obras, argumentando que los informes técnicos disponibles solo habrían detectado observaciones corregibles en una parte de las viviendas y no problemas que justificaran una medida de tal magnitud.

Además, se acusa que funcionarios del Serviu habrían sido presionados para elaborar informes que respaldaran las decisiones adoptadas por el Ministerio de Vivienda.

Según la presentación, bajo esas circunstancias se habrían emitido documentos con fechas distintas a las reales y antecedentes orientados a justificar la terminación de contratos.