La Corte de Apelaciones de Antofagasta ordenó a Ripley pagar una multa de 300 UTM, cerca de $21 millones, por vulnerar la Ley del Consumidor.

Según consta en Radio Biobío, el caso se originó el 9 de febrero de 2024 en la sucursal local, cuando una clienta acudió para retirar un sensor de una prenda comprada días antes.

Luego de realizar el trámite, la mujer fue interceptada por un guardia que la insultó y acusó falsamente de robo mientras bajaba las escaleras.

Posteriormente, el trabajador la agredió y la obligó a mostrar su cartera, provocándole - según informe médico - lesiones en el brazo, antebrazo y una contusión en la espalda.

La afectada denunció el hecho ante el Sernac, que gestionó el reclamo sin respuesta satisfactoria de la empresa, que aseguró cumplir la normativa.

Ante la negativa, el Sernac presentó una denuncia que en primera instancia fue rechazada por el Juzgado de Policía Local de Antofagasta.

La Corte de Apelaciones, tras revisar el caso, determinó que hubo un atentado contra la dignidad de la consumidora y revocó la decisión inicial.

El tribunal destacó que la mujer fue “señalada, detenida y forzada en un lugar público”, lo que constituye una infracción a la Ley 19.496.

El director del Sernac, Andrés Herrera, recalcó que las empresas deben actuar con profesionalismo y no vulnerar derechos al proteger sus negocios.

Consideren que la ley estipula que los guardias solo pueden entregar a sospechosos a Carabineros o la PDI, sin insultar, golpear o registrar a las personas.