Chile

¿Viajó con plata que no correspondía? El posible caso de corrupción que complica a Joaquín Lavín Infante

Contraloría encontró presuntas irregularidades en el periodo de Lavín como alcalde de Las Condes. Envió los antecedentes a Fiscalía.

Joaquín Lavín Infante (Foto: Aton)

El periodo de Joaquín Lavín Infante (UDI) como alcalde de Las Condes sería investigado por la Fiscalía en un posible caso de corrupción. Esto, a raíz de las presuntas irregularidades detectadas por Contraloría en la Asociación de Municipalidades de la Zona Oriente (AMZO).

Hace unos días se supo de las “múltiples irregularidades” que detectó el organismo de la contralora Dorothy Pérez en la asociación que reunió hasta 2024 a los municipios de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. Uno de los nombres que se repite en el informe es el de Joaquín Lavín.

De acuerdo al órgano contralor, y como pudo conocer La Tercera, el también exministro y excandidato presidencial está involucrado en al menos tres situaciones anómalas que podrían constituir delito.

Viajes, asesorías y una función cuestionadas

Primero, se detectó un viaje que en 2019 Lavín realizó a Países Bajos e Islandia, para ver un proyecto de ciclovías y otro de prevención de drogas y alcohol. El problema es que todo lo pagó la AMZO, pero él viajó en calidad de alcalde y no como presidente de la asociación. Para Contraloría, debía pagar el municipio.

Otra situación anómala detectada fue que en febrero de 2024, a más de dos años de haber dejado el municipio, aún figuraba como apoderado de las cuentas bancarias de la AMZO. Para el órgano contralor, esto sería “una falta de monitoreo y debilidades en el control administrativo por parte de la entidad”.

En otro punto, se detectó que la asociación contrató una empresa de asesorías comunicacionales, por $69 millones, que trabajó para la Municipalidad de Las Condes. Creaba presentaciones sobre el uso de redes sociales para el “Equipo Joaquín Lavín Chile” e informes semanales sobre contingencia que enviaban a Lavín y su equipo más cercano.

En el informe, Contraloría concluyó que los servicios de la AMZO en “beneficio de don Joaquín Lavín” podrían constituir “una infracción al artículo 8 de la Constitución”, que regula la probidad de funcionarios públicos. Mientras que el haber usado recursos de la asociación “a beneficio personal” podría significar faltas a la ley de administración del Estado.

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