El autodenominado investigador privado que tiene con el alma en un hilo a cientos de santiaguinos asiduos a los moteles, Gonzalo Moya Ordóñez, apenas tiene 30 años.

Creció en Puente Alto y cuando cumplía 22 fue declarado desaparecido por su familia y la PDI se encargó de buscarlo. Después de aquel episodio la policía ha estado tras él en más de una ocasión.

El hombre, soltero y sin hijos, sería un mitómano de toda la vida, según sus cercanos.

"Deseos de venganza"

Ha dicho que alguna vez fue carabinero, que su nombre real es Daniel Valenzuela y que desde 2015 ejerce como investigador privado contratado en forma secreta.

En sus declaraciones afirma que todas las acusaciones en su contra son falsas y sólo responden a deseos de venganza de quienes tienen sangre en el ojo con él por su trabajo.

Según la PDI, su primera detención se remonta a septiembre de 2015. En la oportunidad llegaron algunas acusaciones a la Biro Oriente en contra de un sujeto que sacaba fotos afuera de los moteles y luego pedía plata a cambio del material. Fue detenido, pero como no había pruebas en su contra, fue dejado en libertad.

En octubre de 2016 una mujer volvió a hacer una denuncia en la Policía de Investigaciones. Explicó que estaba casada y siendo extorsionada con imágenes de ella ingresando a un motel de la zona oriente.

Un mes después, Moya tuvo su primera caída. Contactó a Ramiro Velásquez, administrador de uno de los moteles, a quien había visto ingresar varias veces acompañado de una mujer, que resultó ser su esposa y otra trabajadora del recinto.

El "Cazador de Infieles" lo llamó por teléfono, le contó que tenía imágenes de él. El administrador, hábilmente, le siguió el juego y ambos acordaron el pago de $1.890.000, suma que sería entregada previa firma de un contrato en una notaría. Allí fue detenido justo el Día del Amor de 2017. Fue formalizado y quedó libre con firma quincenal, arraigo nacional y prohibición de acercarse al templo del amor y a sus víctimas.

Fue entonces cuando cambió su centro de operaciones a Buin, donde finalmente fue denunciado por una empleada que notó que algo andaba mal con el negocio. Volvió a ser detenido.

El pasado martes se realizó una audiencia previa en el Tribunal de Garantía de San Bernardo y se fijó el inicio del juicio oral el próximo 11 de junio.

Hasta el momento, la investigación ha establecido que Moya logró extorsionar a más de 200 asiduos a moteles y que pedía entre $500 mil y 2 millones de pesos.

Moya y sus 4 cómplices enfrentan acusaciones por asociación ilícita, porte ilegal de armas y amenazas.

Escuchá acá la llamada extorsiva que, en 2016, Los Sapos le hicieron al administrador de un motel, creyendo que era un pasajero: