El 29 de septiembre del 2022, Edith Flores Riveros, vecina de Conchalí de 67 años y beneficiaria de la Pensión Garantizada Universal (PGU), pagó $16,8 millones al contado por un Audi modelo A3. Aquella compra, según la querella presentada por el Servicio de Impuestos Internos (SII), levantó las sospechas de la Policía de Investigaciones.

Si bien el auto estaba a su nombre, quien lo utilizaba era un joven de tan solo 21 años, Rodrigo Jara Guzmán, su nieto, quien junto a su madre, Lessly Guzmán Flores, lideraba una organización dedicada a la producción y comercialización —al por mayor y al detalle— de ropa falsificada de reconocidas marcas como Gucci, Versacce, Polo y Ralph Lauren, según reveló BiobíoChile.

“Los Reyes de la Réplica” operaban desde hace tres años, desde la pandemia, con su pyme familiar y fuera de la ley, cosechando, preliminarmente, más de $200 millones desde Conchalí.

La Brigada Investigadora de Delitos de Propiedad Intelectual (Bridepi) de la PDI estableció que la mamá y su retoño eran los cabecillas de la banda que negociaba con sus clientes a través de Instagram y TikTok.

Banda familiar

Ellos dos, junto a otros seis integrantes, fueron detenidos el pasado 19 de diciembre, operación en que se incautaron se incautaron más de 84 mil prendas falsificadas avaluadas en unos $400 millones, según los precios que aplicaba la banda.

Una parte de las confecciones se finalizaba en el local “Jane Bordados”, ubicado en Recoleta, siendo su dueña la imputada peruana Esther Janet Culquichicon, ciudadana peruana. También, como centro de operaciones funcionaba el hogar del también imputado Hitler Córdova Risco. A esas propiedades llegaban las prendas genéricas que servían de materia prima para los productos falsificados.

El resto de los involucrados eran familiares de los dos líderes, teniendo labores de tipo logísticas, eEdith Flores Riveros (madre y abuela de los líderes), Víctor Guzmán Pérez (padre y abuelo) y Jocelyn Guzmán Flores (hermana y tía).

Desde el SII, remarcó que el ilícito “constituye un quebrantamiento a una de las bases fundamentales de nuestro estado de derecho (...) Toda vez que el ejercicio de una actividad ilícita y clandestina rompe las reglas del mercado en el que participan los actores legítimamente autorizados para ello, exonerándose indirectamente de todas y cada una de las obligaciones que sí afectan a quienes actúan dentro de la legalidad”.

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