Cerca de 30 delincuentes, narcotraficantes, asaltantes, violadores y homicidas obtuvieron su libertad  gracias a una red de corrupción integrada presuntamente por funcionarios del Poder Judicial y de la Policía de Investigaciones (PDI).

La treintena de patos malos que quedó libreta es parte de un lote de 80 hampones que fueron beneficiados, de alguna manera, por la desmantelada organización acusada de gestionar, a cambio de gruesas sumas de dinero, la condonación de penas o el abono de los tiempos de reclusión decretados por los tribunales. Y sólo tres de los reos ayudados  por la organización han sido recapturados.

Los miembros de esta supuesta mafia cobraban entre 300 mil y 4 millones de pesos  por sus servicios.

La red ya funcionaba en el antiguo sistema procesal penal, ya que se han pesquisado ilícitos en el 4°, 23° y 32° juzgados del Crimen.

Extraoficialmente trascendió que  la líder de la patota es la ex funcionaria Margarita Cuadros Aedo, acusada de falsificación, cohecho y sustracción de expedientes.

INDAGACIÓN

En dos años de investigación se realizaron cerca de 12 mil escuchas telefónicas y se revisaron decenas de sentencias.

En posesión de irrefutables evidencias, la fiscal a cargo de la diligencia, Nancy González, de la Fiscalía Centro Norte, solicitó a la jueza Cecilia Pastén 38 órdenes de captura contra funcionarios del Poder Judicial, Servicio Médico Legal (SML) y detectives de la PDI, especialmente de la Brigada Investigadora de Robos Metropolitana (Birom), dirigida hasta hace algún tiempo por Trévor Oyarzún, y hoy bajo el mando del subprefecto Héctor Romero.

Trascendió que al tenor de los acontecimientos, el alto mando de la PDI estudia reorganizar esta unidad.

En diligencias realizadas por Carabineros y funcionarios de la PDI, desde las 3 de la madrugada de ayer, se detuvo, tanto en Santiago como en Calama, a 19 personas, entre detectives, funcionarios del Poder Judicial -cuatro de ellos en servicio activo- y un profesional del SML los que fueron puestos a disposición del Séptimo Juzgado de Garantía de la capital.

Se trata de Margarita Cuadros Aedo, ex funcionaria de Investigaciones y del Poder Judicial; Joaquina Carreño Ramírez, empleada del 4° Juzgado de Santiago; René Pizarro Araya, actuario del 32° Juzgado del Crimen, y Darwin Arancibia Muñoz, profesional del laboratorio del SML.

Los policías detenidos fueron identificados como Diego Inostroza Flores, de Policía Internacional; Vitalicio Hernández Silva, Jorge Fuentes Molina, Ricardo Meza Fuenzalida, Óscar Ruiz Silva, William Ramírez Viera,  Marcelo Palavecino Flores, Ricardo Morales Calquín, Mario Acuña Sagal, Claudio Fuentes Alarcón y Óscar Enrique Contreras Cruz.

A ellos se agregan María Chávez Díaz, Ricardo Pérez Landeros, Manuel Orellana Gutiérrez y Pilar Díaz Frez. La mayor parte de ellos enfrenta cargos por cohecho, falsificación y sustracción de expedientes.

La investigación se inició a petición de la Fiscalía Centro Norte en abril de este año, cuando un narco de Los Andes pidió el beneficio de rebaja de su condena mediante documentos falsos que abonaban días a su reclusión. Éstos "rebotaron" en Gendarmería y regresaron al tribunal de origen, con lo que se descubrió la treta.

Anoche y tras más de 13 horas de audiencia, en el Centro de Justicia, fueron formalizados y quedaron en detención preventiva 8 detectives y 10 funcionarios judiciales.

ACHACAN LIDERAZGO A EX PROCURADORA

Según el Ministerio Público, la organización criminal creada por Margarita Cuadros Aedo colaboraba con los delincuentes en eludir la acción de la justicia a cambio de dinero.

La fiscal a cargo del caso, Nancy González aseguró durante la audiencia que los imputados  valiéndose de mil artilugios y su conocimiento de los trámites judiciales borraron antecedentes criminales, rebajaron condenas y emitieron contraórdenes de arrestos falsas; además de adulterar  alcoholemias en el Servicio Médico Legal.

Allí el funcionario Darwin Arancibia cobraba cerca de un millón de pesos para realizar esta operación.

Para borrar antecedentes, los detectives involucrados chequeaban los datos del imputado, y utilizando claves de otras personas ingresaban al Sistema de Gestión Policial -Gepol-, y de esta manera blanqueban a sus  "clientes"  lo que les permitía escapar hacia el extranjero.

La Fiscalía acreditó 16 de estos casos.

Uno de los ilícitos que se dieron a conocer corresponde al caso de un delincuente a quien para borrarle los antecedentes, Óscar Enrique Contreras Cruz, detenido en Calama usó una clave para ingresar al sistema informático de la Gepol y usando el nombre falso de Luis Pérez Pérez ocultó las órdenes de arraigo y de arresto que tenía su peticionario.

También creaban resoluciones y sentencias falsas para rebajar las condenas o abonar tiempo por períodos de internación inexistentes.

Cada uno de estos "servicios" tenía un precio.

L.Vieyra/M.Vega.