El Contralor de la República, Jorge Bermúdez, asistió ayer a la comisión investigadora de mutualidades de la Cámara Baja, que indaga un nuevo desfalco ocurrido en Carabineros que involucraría a la dirección de Bienestar y la Mutualidad verde.

A Bienestar le correspondía recibir excedentes de la mencionada corporación por un total de 23 mil 574 millones de pesos, monto que debió formar parte de su patrimonio de afectación fiscal, pero esa cifra no ingresó en sus arcas.

El monto desaparecido de las arcas comprende el periodo entre el 2005 y el 2016, informó el Contralor. "El desorden es indiciario de una situación de corrupción mayor, la institución va a tener que tomar medidas y procesos para mejorar lo que ocurría en esa repartición", dijo.

Tan grave es el asunto que, según Bermúdez, "no existía ni siquiera contabilidad; o sea, cuando usted no tiene contabilizado qué es lo que tiene, qué es lo que debe, qué es lo que a usted le adeudan, obviamente que eso da cuenta de un desorden mayor".

El Contralor agregó que los registros se destruyeron por una orden interna, cuestión que calificó de "grave", y explicó que el equipo auditor tuvo que realizar un trabajo de reconstrucción de la información porque la mayor parte había sido destruida.

El diputado socialista, Leonardo Soto, participó de la comisión y explicó que "se entregaron antecedentes que demuestran que hay 23 mil millones de pesos perdidos en la división de Bienestar de Carabineros, dineros que fueron supuestamente enviados por la Mutualidad de Carabineros, pero que no aparecen registrados por ninguna parte".

Soto cree que podría tratarse de un segundo caso Pacogate, considerando que el primero ya va en los 28 mil millones sustraídos por los 120 imputados.

Los diputados solicitaron que el Consejo de Defensa del Estado meta la nariz en el asunto para que se sepa a donde se fue el dinero y dar con los responsables de su desaparición.

Otro asunto cuestionado fue que el director de Bienestar formara parte de la Mutualidad y recibiera asignaciones por eso, cuestión que fue prohibida por la Contraloría.