Las diputadas RN, Camila Flores y Catalina Del Real, anunciaron que irán hasta la Contraloría General de la República por la visita al país del ex juez Baltasar Garzón, conocido por la detención de Augusto Pinochet en Londres en 1998.

De acuerdo a los antecedentes, su arribo se daría en el marco de las actividades de conmemoración por los 50 años del Golpe de Estado organizadas por la Universidad de Chile, que financiará su pasaje.

En este sentido, las parlamentarias exigen que se retira la invitación “por el costo de su viaje (cercano a los 8 millones de pesos) y por lo poco que aportará su visita al país a nivel de reconciliación nacional”.

En su argumentación, Camila Flores expuso que “vamos a pedir el pronunciamiento a la Contraloría para que emita su visión con respecto de la legalidad de esta situación, desde mi punto de vista no se está actuando conforme al principio de cuidar los recursos públicos, cautelar, utilizarlos de la mejor manera posible y de no malgastar los caudales fiscales, que por cierto en nada sobran en nuestro país”.

Descargo de Camila Flores

”Quieren un pacto fiscal para seguir trayendo a sus activistas de la ultraizquierda, para seguir sembrando el odio y la división entre los chilenos, ya que parece ser este fin para lo único que están preocupados al momento de utilizar los dineros del país”, agregó.

Finalmente, explicó que “es impresentable que se estén utilizando nuestros recursos -la plata de todos los chilenos que pagamos con mucho esfuerzo a través de impuestos- para financiar a un juez como Baltasar Garzón, que incluso fue inhabilitado de ejercer como magistrado en España por una serie de imputaciones delictivas”.

En su cuenta de Twitter, Flores también disparó: “Con nuestros recursos la U de Chile trae al activista Baltazar Garzon para que siga sembrando el odio y la división entre chilenos Garzon fue quien asesoró a Bolivia en su demanda contra Chile por el mar, fue quien vino a visitar a los delincuentes de la primera línea en pleno estallido de violencia. Pero tenemos que tolerar que se dilapiden recursos para traer a quien debería ser declarada persona no grata en Chile”.

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