El juez del Séptimo Juzgado de Garantía, Daniel Urrutia, se llevó cuestionamientos de parte del Gobierno ante su decisión de que cuatro reos del Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (REPAS) pudiesen realizaran videollamadas.

Y es que el ministro de Justicia (S), Jaime Gajardo, manifestó que la decisión de la autoridad favorecía “a los líderes más peligrosos de las bandas criminales que están azotando la seguridad del país”, según informó Meganoticias. “Estas personas se organizan para cometer crímenes y, por lo mismo, necesitamos que rompan su vínculo con el exterior”, por lo que “permitirles videollamadas es dejar en cero aquello”.

Dentro del REPAS se encuentran privados de libertad condenados por delitos graves como extorsiones, trata de personas, homicidios y secuestros. Antes, en 2020, Urrutia ya había sido cuestionado por dejar libres a trece imputados de “la primera línea” durante el estallido social.

“Es fundamental mantener ese régimen diferenciado, porque hay razones de seguridad, podríamos decir de seguridad nacional, para que esos criminales que son los más peligrosos de nuestro sistema penitenciario no tengan contacto con el exterior, y si tienen visitas sean a través de locutorios”, remarcó Gajardo.

A sus ojos, la resolución de Urrutia va en contra de esas dos “premisas básicas” dentro de un centro como la REPAS, ya sea en Chile como en otro país, advirtió. “Es decir, permite que estas personas tengan contacto con el exterior a través de videollamadas, donde posiblemente van a poder seguir funcionando sus bandas”, sugirió.

Tampoco en Gendarmería la decisión del juez cayó bien, según el citado medio, por lo que acudieron a la Corte de Apelaciones para revertir la situación, por lo que la Justicia dejó en suspenso la resolución a la espera de más antecedentes.

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