Gobierno apoya máximas sanciones a militares corruptos

La jueza especial Romy Rutherford ordenó el arresto del excomandante en jefe del Ejército, general Humberto Oviedo.

El Gobierno respaldó hoy la aplicación de las máximas sanciones a militares culpables de corrupción. También anunció que un proyecto de ley que modifica el uso de gastos reservados de las Fuerzas Armadas se tramitará con suma urgencia en el Parlamento.

El ministro de Defensa, Alberto Espina, calificó de "delitos extraordinariamente graves" los casos de corrupción descubiertos en el Ejército, en los que dos excomandantes en jefe de la institución están involucrados por uso fraudulento de gastos reservados.

"Lo que corresponde es que la Justicia haga su tarea", dijo Espina, y ofreció la "absoluta colaboración del Ministerio de Defensa" para el esclarecimiento de los casos de corrupción que involucran a militares, subrayando que de probarse los delitos, "que se apliquen las más duras sanciones para sus autores".

"Los gastos reservados son muy importantes para la seguridad exterior de Chile y sirven para financiar las actividades de inteligencia que permitan al país protegerse y anticiparse ante amenazas", señaló Espina.

Añadió que "quien los utiliza mal le causa un gravísimo daño a la seguridad exterior del país y a la defensa de la soberanía".

Arresto de generales

Este martes, la jueza especial Romy Rutherford ordenó el arresto del general Humberto Oviedo, excomandante en jefe del Ejército (2014-2018), por presunto uso fraudulento de gastos reservados y dispuso un plazo de cinco días para resolver su situación procesal.

En la misma situación se encuentra desde el pasado febrero el general Juan Miguel Fuente-Alba, antecesor de Oviedo en la jefatura del Ejército (2010-2014), tras ser procesado por malversación de unos 3.500 millones de pesos provenientes de fondos reservados del Ejército.

El pasado 20 de junio, Fuente-Alba fue imputado también por el presunto lavado de activos obtenidos con los fondos que presuntamente malversaba.

Oviedo, según los antecedentes del caso, en el período de Fuente-Alba recibía de este mensualmente entre 400.000 y 800.000 pesos del mismo origen y habría mantenido esas prácticas en su período al frente del Ejército.

Cambio de ley

En ese contexto, el ministro de Defensa recordó que el pasado enero el Gobierno presentó un proyecto de ley "que cambia integralmente la forma en cómo se asignan los gastos reservados", y que ya fue aprobado de forma unánime en la Cámara de Diputados.

El proyecto, dijo, establece mecanismos claros para asignar los gastos reservados así como para su control y fiscalización, y anunció que el Ejecutivo le dará suma urgencia en su tramitación en el Senado, para su rápida aprobación.

"La ciudadanía quiere soluciones y este proyecto de ley es una solución", afirmó Espina, quien añadió que la iniciativa puede suponer hasta 20 años de cárcel para quienes incurran en el mal uso o uso malicioso de los gastos reservados para los militares.

El proyecto establece además que no podrán efectuarse jamás con cargo a los gastos reservados "pagos a funcionarios públicos; transferencias para financiar campañas políticas, de partidos políticos u organizaciones gremiales", explicó el ministro.

También establece, añadió, la derogación de los llamados "pisos (montos) mínimos" que las leyes orgánicas respectivas establecen en materia de gastos reservados para las Fuerzas Armadas y Carabineros.

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