Negando cualquier vínculo político y respondiendo los cuestionamientos salió a defenderse el director de la Fundación Comprometidos, luego que la Fiscalía de Atacama iniciara una investigación por eventuales delitos.

Esta organización tenía giro de actividades cinematográficas y de servicios veterinarios, y pese a ello obtuvo un convenio por $128 millones a fines de 2022, para la entrega de agua potable en campamentos. En marzo de 2023 agregaron un nuevo giro relacionado a estas últimas actividades.

Consultada por 24 Horas, la seremi de Vivienda de Atacama, Rocío Díaz, explicó que el convenio fue “en un contexto de urgencia, dado que las familias se quedaban sin suministro de agua. Teníamos muy poco tiempo y se nos propone la Fundación Comprometidos”. Les presentaron un presupuesto y fue validado a nivel central, afirmó.

Con anterioridad, desde el Minvu habían explicado a La Tercera que el giro “no es prerequisito” para un convenio y que en este caso se corrigió en el camino, solo para “efectos tributarios”. De todas maneras, hay un sumario en curso.

¿Había algún vínculo político?

Sebastián Duarte, director de Comprometidos, negó todo relación con alguna autoridad de la zona y reveló que él militaba en el extinto Partido Progresista (PRO). “Lo que fue el PRO no existe. No es parte de este Gobierno”, señaló.

“Yo ni siquiera conozco a la seremi. Lo que hice fue presentarme como se presenta cualquier persona. Yo conozco al analista que me recibió, pero no tengo relación con alguna autoridad acá. Con ninguna”, juró.

¿Por qué cobran por el agua?

Otro aspecto que llamó la atención sobre esta fundación fueron los cobros que realizan a los vecinos de los campamentos por el agua potable que les entregan.

De acuerdo al citado medio televisivo, el explosivo crecimiento de los asentamientos irregulares en Copiapó hizo imposible que se les siguiera entregando agua gratuita.

“Lo que se busca es que estas familias, que pronto van a tener su hogar, tomen la responsabilidad de la compra del agua, porque pronto van a tener su casa”, argumentó el director de la fundación.

Sobre el mecanismo, Duarte explicó: “Nosotros vamos a los campamentos, recaudamos los recursos, se los entregamos a Aguas Atacama y ellos, con los camiones aljibe que nosotros administramos, reparten (el agua) en los hogares”.

A través de un comunicado, la fundación aclaró que “no tiene injerencia alguna sobre el cobro que se realiza por la entrega de agua potable” y que “el valor cobrado a las familias es parte de las condiciones contractuales establecidas por el Seremi Vivienda y Urbanismo de Atacama para el desarrollo del proyecto.

“Nuestra organización es solo la encargada de recaudar los cobros, para pagarlos directamente a la empresa de distribución de agua potable”, afirmaron.

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