De un lado está el Ministerio Público, que solicita sobreseer a Franco Parisi —controvertido líder y fundador del Partido de la Gente— por la adquisición del Edificio Riga, situado en la comuna de La Cisterna, más tarde devenido “edificio sin ley”. Del otro, la parte querellante, que exige reabrir la investigación: alegan que hay pruebas suficientes para ello.

Así más o menos es el escenario que se configuró en los últimos días con respecto al caso en el que el excandidato presidencial fue acusado de estafa y lavado de dinero. Él, y claro, sus socios: Luis Moraga Parisi —su primo—, Mauricio Lizana Méndez, José Mansilla Silva y Jonathan Bravo Pozo.

Para contextualizar: todo se remonta a abril de 2021. Fue entonces cuando Inmobiliaria e Inversiones Cerro Colorado SpA —filial de la administradora de fondos MBI Inversiones— presentó una querella contra Parisi y Lizana, ambos socios de Royal Real Estate, firma vinculada con la gestión inmobiliaria.

¿Por qué? Los denunciantes —Cerro Colorado SpA— aseguran que Franco Parisi buscaba adquirir un edificio en la comuna de La Cisterna (Sergio Ceppi #0839) con su ayuda, incluso antes de que estuviese acabado. Es decir, también antes de que a ese mismo inmueble se le denominara “edificio sin ley” como consecuencia de los delitos que se cometerían dentro y fuera de sus instalaciones.

Concretada la compra, Cerro Colorado SpA acusa directamente a Royal Real Estate de no cumplir con lo previamente acordado y de, además, entregar los departamentos en arriendo. Luis Moraga Parisi se hizo con la administración del edificio, y agregan que los cobros se hicieron en efectivo.

Según recoge BioBioChile, la firma querellante asegura que “el perjuicio bordearía los $12.500 millones”.

Algunos meses después, Cerro Colorado SpA recuperó la administración del inmueble gracias a una resolución del Juzgado de Policía Local de La Cisterna. Allí, detallan, se encontraron lo siguiente:

“El edificio completamente ocupado por personas, ninguna con contrato, muchos de ellos extranjeros, casi ninguno con papeles. Mucha violencia, mucha delincuencia, prostitución, venta de droga”.

¿Qué pasa con la investigación?

El fiscal adjunto de Las Condes, Rodrigo Mena Vogel, pese a lo anteriormente señalado, desestimó las graves denuncias de Cerro Colorado SpA, resolvió el cierre de la investigación y, por cierto, el sobreseimiento de todos los implicados.

Su dictamen —que el hecho no es constitutivo de delito—, como se podía prever, no dejó nada conforme a la firma querellante, que actualmente presiona para reabrir la indagatoria:

“En la querella se aportaron antecedentes que dan cuenta de evidencias concretas del delito de lavado de dinero, con base en la estafa, consistentes en la organización de una estructura permanente para el cobro de dinero en efectivo para cada uno de los ocupantes ilegales de los 240 departamentos que en definitiva fueron el objeto material del delito”, arguyó Eduardo Riquelme, abogado de la empresa Cerro Colorado, en un documento al que tuvo acceso BioBioChile.

Más tarde, detalló: “En todos los meses de apropiación fraudulenta de los 240 departamentos objeto del delito, se cobraron en efectivo sumas que oscilan entre los $300 mil y $400 mil por departamento al mes, lo que da una cifra mensual de flujo de efectivo superior a los $50 millones mensuales”.

La decisión final sobre sobreseimiento o reapertura se tomará en aproximadamente un mes: el próximo jueves 22 de junio al mediodía.

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