Siguen los coletazos tras la agresión sufrida por el diputado Gabriel Boric al interior del penal Santiago 1, el pasado viernes.

En aquella ocasión, el también candidato presidencial hizo un llamado a no sancionar a los presos del módulo 12, lugar donde se encuentran los imputados por delitos en el contexto del estallido social.

Sin embargo, al día siguiente Gendarmería allanó las celdas ubicadas en este sector, requisando licor artesanal, cargadores de celulares, teléfonos, baterías, un serrucho, dos grameras, cuatro armas blancas, un taladro inalámbrico y 316 envoltorios de papel cuadriculado con sustancias verdes y blancas.

Según reveló La Tercera PM, a la carta presidencial del pacto Apruebo Dignidad no le habría gustado esta diligencia. Es más: el domingo se contactó vía telefónica con el alcaide del penal Santiago 1, el coronel Óscar Luna y pidió conocer las razones.

En la charla, el oficial le explicó que se trataba de un procedimiento normal, debido a que los internos grabaron un video al interior del penal, situación que está prohibida.

Molestia

Al respecto, el presidente de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios (Anop), comandante Alberto Figueroa, indicó que "me parece impresentable que un diputado pida explicaciones respecto de una situación netamente operativa, que tiene que ver con la labor que todos los días hacemos en las cárceles. Se trató de un registro y allanamiento para pesquisar elementos que están prohibidos".

Además, Figueroa precisó que "las autoridades deberían preocuparse de que las cárceles estén en orden, que no se vulneren los derechos de la población penal, claro, pero no restringir el ámbito de acción de los funcionarios de Gendarmería".

Agresor de Boric

Respecto al reo que agredió a Boric el pasado viernes, se dio a conocer que se trata de Miguel Sepúlveda Montecinos (40).

El sujeto cuenta con un amplio prontuario policial: 23 detenciones previas por delitos como lesiones, amenazas, robo, receptación, secuestro, incendios, entre otros. Está en prisión preventiva desde el 10 de febrero por lanzar objetos en la vía pública en medio de desórdenes públicos en el centro de Santiago.