La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó uno de los intentos por evitar que el CDE acceda a los chats del poderoso abogado Luis Hermosilla. Son 777 mil páginas de conversaciones que podrían ocultar más de un escándalo.

Para entender qué ocurre, hay que recordar que luego del polémico audio donde aparece Hermosilla hablando de “delitos” y “coimas”, la Fiscalía le incautó su teléfono celular, para investigar posibles irregularidades. Sin ir más lejos, fue precisamente a través de sus chats que se destapó el caso de corrupción del renunciado jefe de la PDI, Sergio Muñoz.

Ahora, el Consejo de Defensa del Estado (CDE), organismo autónomo que cuida los intereses del Fisco ante la justicia, solicitó acceder a los chats ante la eventualidad de nuevos delitos de corrupción. Sin embargo, otro conocido abogado de la plaza quiere impedirlo a toda costa.

Se trata del jurista Mario Vargas, un nombre que no suena mucho, pero que, además de defender actualmente a Hermosilla, ha trabajado para reconocidos nombres, como el de John O’Reilly, sacerdote condenado por abuso sexual infantil; el anticuario Parived; el excarabinero Patricio Maturana, que cegó a Fabiola Campillai; o a Hernán “Nano” Calderón, cuando apuñaló a su papá.

Abogado Vargas aún no logra frenar entrega de chats de Hermosilla

Pues bien, Vargas presentó un recurso de protección ante tribunales, para que no se entregue al CDE el contenido de sus chats con Hermosilla. La acción había sido rechazada, pero el leguleyo insistió y al segundo intento sí lo acogieron a trámite.

Eso sí, la Corte no accedió a frenar de inmediato la entrega de los chats, como pretendía el abogado, pues rechazó una “orden de no innovar” incluida en su acción judicial. Por eso, Vargas ahora deberá esperar que se tramite el fondo de su requerimiento y recién ahí se decidiría si se detiene o no la entrega de las conversaciones, reportó La Tercera.

El abogado argumenta que él no tuvo nada que ver con la reunión filtrada que hizo explotar todo el caso y que el acceso a sus conversaciones, “por parte del Ministerio Público y la consecuente solicitud del Consejo de Defensa del Estado, constituyen actos ilegales que perturban y amenazan, respectivamente, mis garantías constitucionales de igualdad ante la ley, la inviolabilidad de las comunicaciones privadas y mi derecho a la honra y privacidad”.

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