En el año 2004, bajo el contexto del caso Riggs, a Augusto Pinochet se le incautó dinero de dudosa procedencia, y una cifra superior a los $3 mil millones de pesos terminaron siendo depositados en la cuenta corriente de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ).

Según consignó El Mercurio, fueron tres depósitos a plazo que estaban en una institución bancaria los que se liquidaron. Esto habría ocurrido luego que los herederos del dictador no presentaran un reclamo en los 6 meses de plazo legal que establece la ley. El medio explica que el monto corresponde a fondos que no fueron parte de lo traspasado al Fisco, según lo ordenado por la Corte Suprema en el año 2018.

Se reporta que desde el Consejo de Defensa del Estado se le pidió al ministro del tribunal de alzada, Guillermo de la Barra, la disposición de los fondos de Pinochet que fueron retenidos en el tribunal, a la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Y basándose en el artículo 677 del Código de Procedimiento Penal, el ministro De la Barra accedió a la solicitud del CDE.

“El saldo de dinero incautado que no fue objeto de comiso nunca fue reclamado en el plazo de seis meses por ninguna persona y, por lo tanto, se dispuso su entrega a la CAPJ”, aseguró

A pesar de que la defensa de la viuda de Pinochet, Lucía Hiriart, interpuso un recurso en su momento, la acción fue rechazada por el juez y luego la Corte de Apelaciones ratificó esa misma decisión.

Estos más de $3 mil millones que fueron traspasados al Poder Judicial estaban con medidas precautorias decretadas por el 7º Juzgado Civil de Santiago, por una demanda del CDE, a un año de ser ejecutoriada -agosto de 2022- recién ahora se concretó la sentencia.

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