La Policía de Investigaciones (PDI) logró acceder a reveladoras conversaciones de WhatsApp entre dirigentes de Revolución Democrática y los involucrados en el Caso Democracia Viva.

En los registros, a los que accedió La Tercera, aparecen mensajes sospechos desde el 1 de junio, es decir, 15 días antes que las irregularidades aparecieran en la prensa. Ese día, el entonces seremi de Vivienda, Carlos Contreras, habló con la encargada territorial de la diputada Catalina Pérez en Antofagasta, Paloma Larraín.

“Me avisas y borro”, le decía Contreras en un pasaje. Ella le responde: “todo ok, borra nomás. Tienes cuenta de Signal? Podríamos conversar”. Este y otros elementos hicieron a la PDI concluir que el actual imputado borró conversaciones “con personas que podrían aportar información relevante a la investigación”.

Luego, el 6 de junio, diez días antes del “estallido” en la prensa, Araceli Farías, exsecretaria general de RD, dijo en un grupo de la directiva nacional: “Oigan, entre otras noticias, tenemos un incendio”. Agregó que “del equipo de la diputada Pérez están muy preocupados y nos piden reunión urgente para tener todos los antecedentes, ajustar relato y salidas de vocerías”.

“Dejar caer a Daniel y Carlos”

Al día siguiente de la famosa publicación que destapó el caso, el presidente del partido, Juan Ignacio Latorre, decía en el grupo: “Creo importante defender a Cata (Catalina Pérez) y a Subse (Tatiana Rojas). Dejar caer a Daniel (Andrade) y a Carlos (Contreras). La Cata no tiene xq hacerse responsable de los convenios que firman Carlos y Daniel”. Luego agregó: “a menos q se demuestre q ella intercedió en el convenio”.

También vieron mensajes de Daniel Andrade, donde le decía a Edson Dettoni, también exdirigente de RD: “ya revisé correo y WhatsApp y cosas y no pille nada ‘sospechoso’, qué cosas crees que debería revisar en detalle o tener cuidado?”.

Dettoni le explicó que debía tener en cuenta que le podrían pedir entregar computadores y teléfonos, y que “todo lo que se pierda o se borre levanta sospechas, como el caso del celular de Pradenas”. Le advirtió que “buscarán cualquier referencia a un beneficio para el funcionario o un tercero para que se realice el convenio, y tráfico de influencia”.

Ante todo ello, Andrade le contestó: “no hay nada de eso”.

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