La madrugada del domingo, el doctor Gabriel Díaz estaba de turno en el Servicio de Urgencia de Alta Resolutividad (SAR), de la comuna de Hualpén, en la Región del Bío Bío. Como nunca la cosa había estado en calma, hasta que a las 3.30 horas al joven profesional le tocó vivir una escalofriante experiencia que, desgraciadamente, son cada vez más comunes en los centros de salud público del país.

Al área de emergencia ingresó un hombre en estado de ebriedad y exigiendo atención al instante. Amenazó de muerte al doc con una cuchilla que acercó a su cuello en más de una ocasión, mientras el médico trataba de esquivarlo.

Al sujeto no le importó ser apuntado por Carabineros que le pidió deponer su acción, por lo que el policía le disparó en una pierna para reducirlo.

"Fue terrible lo sucedido, intenté calmar al paciente, pero no entendía, pensé que este gallo me iba a matar", señaló el galeno a La Cuarta.

Después de este episodio, el facultativo se reintegró a la pega el pasado miércoles y, según informó el Servicio de Salud Talcahuano, el profesional será derivado a un programa de atención y apoyo a víctimas de violencia en consultorios.

El médico fue escueto en sus palabras. Agregó que estaba bien, pero que no quería hablar mucho más para no dañar la investigación. En tanto, el agresor fue formalizado por homicidio frustrado en el Hospital Higueras de Talcahuano.

Paren el escándalo

Según la presidenta de la Confederación Nacional de la Salud Municipal (Confusam), Gabriela Flores, durante el 2018 se registraron 165 agresiones a personal de servicios de urgencia a lo largo del país.

Lo terrible es que en lo que va del 2019 ya se han registrado 14 nuevos casos.

Hechos como el acontecido en Hualpén llevó al Gobierno a poner urgencia al Proyecto de Ley "Consultorio Seguro", que busca proteger a los profesionales de la Salud y endurecer las sanciones a los agresores.

Al respecto, el médico de Hualpén sostuvo que era importante que se trabaje en una ley para proteger a todos los trabajadores de la salud.

El proyecto de ley otorga penas para quienes comentan el delito de agresión a trabajadores de servicios de urgencia que irían desde los 541 días hasta 3 años de cárcel. Además, contempla un registro de agresores, que será usado como agravante en caso de que el sujeto reincidiera en este tipo de conducta.

Al respecto, la presidenta de la Confusam aseguró que "muchos de los trabajadores no han denunciado los abusos perpetrados por parte de los usuarios del servicio de salud, esta ley va a obligar a todos los directores de servicios de salud a denunciar cuando un funcionario sea víctima de una agresión".

Congreso

Desde el Parlamento, el diputado de la comisión de Salud, Jaime Bellolio, señaló que "lamentablemente en los turnos de noche en las urgencias hay violencia hacia el profesional de salud, hacia otros pacientes y nosotros necesitamos que sean espacios completamente seguros, además, queremos garantizar el bienestar de los profesionales de la salud que están atendiendo a la comunidad".