Por Erasmo TauranPor “daño irrefutable y permanente”: Confirman indemnización para matrimonio torturado en el Estadio Nacional en 1973
Al venezolano y su esposa chilena los golpeaban y aplicaban descargas eléctricas en sus genitales casi a diario.
El Vigésimo Primer Juzgado Civil condenó al Estado a pagar una indemnización de 60 millones de pesos a un matrimonio que fue detenido y torturado al interior del Estado Nacional, días después del Golpe de Estado en septiembre de 1973.
En su fallo, el juzgado acreditó que “las torturas, en forma indiscutible, provocan un daño irrefutable y permanente, que en todo caso debe ser indemnizado por quien los ocasionó”.
Producto de la detención ilegítima, privación de libertad y los actos de tortura al cual fueron sometidos, “se desprende con claridad que se les produjo un dolor grave, angustia, aflicción y natural temor y miedo, al momento de producirse los hechos y que innegablemente se han prolongado a lo largo de toda sus vidas”, agregó en la sentencia.
Es por ello que se ordenó al Fisco pagar la suma única y total de $30.000.000 para cada uno de los demandantes.
Golpeados y electrocutados
Rolando Eyzaguirre Carmona, de nacionalidad venezolana, tenía 36 años cuando fue detenido, no tenía militancia política y trabajaba en Empresas Bolocco. Mientras que su esposa, Olga Inés Uribe Casanueva, chilena, de 33 años al momento del Golpe, era simpatizante del Partido Socialista y era funcionaria de Corfo.
Ambos fueron llevados al Estadio Nacional, uno de los principales centros de detención de la Dictadura posterior al 11 de septiembre, donde se les sometió a permanentes amenazas y vejaciones.
Según consta en la sentencia, a los dos los militares les aplicaron golpes de puños y culatazos en distintas partes del cuerpo, además de “descargas eléctricas, principalmente en la zona de los genitales, luego de haber sido, previamente, mojado su cuerpo. A Eyzaguirre también “le daban golpes con las manos en ambos oídos al mismo tiempo, método de tortura conocido como ‘el teléfono’”.
Estas violaciones de derechos humanos se mantuvieron durante semanas, hasta que recuperaron su libertad en diciembre de ese año. En febrero partieron al exilio en Venezuela, país donde permanecieron hasta 1998, cuando decidieron regresar a Chile.
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