Nuevos antecedentes se sumaron a la investigación que lidera el Ministerio Pública por la fallida compra de la ex clínica Sierra Bella por parte de la Municipalidad de Santiago, liderada por la alcaldesa Irací Hassler.

El controversial caso vuelve a llamar la atención al revelarse que una tasación encargada por la Fiscalía acreditó un importante sobreprecio en el monto por el se había pactado la compraventa.

Fue en febrero de este año que la Contraloría ordenó la suspensión de la compra del inmueble, el cual se pretendía adquirir por alrededor de $8.200.000.000. El valor fue determinado por tres tasadores, contra los cuales la municipalidad presentó una querella.

Un importante sobreprecio

Según informó Radio Biobío, el Ministerio Público encargó a la empresa Transsa Consultores Inmobiliarios una tasación que determinó que el monto que se pretendía pagar por el inmueble sería casi el doble de lo que realmente correspondía la adquisición.

Específicamente, el informe determinó una valoración “razonable al 20 de enero de 2023″ por los terrenos y construcciones por un total de $4.281.690.245, es decir, UF 121.466.

Un monto que se aleja bastante de los $8.252.873.341 que se pactaron en la compraventa entre la Municipalidad de Santiago y la Inmobiliaria San Valentino SpA en enero de este año.

Otro de los detalles que encendió las alarmas fue que la empresa pagó $2.200.000.000 por Sierra Bella en diciembre de 2022.

El medio citado indicó que para llegar a la cifra en la tasación, se utilizó una metodología de “enfoque de costos”, la cual se basa en la “la definición del mercado más probable y que podría tener una mayor disponibilidad de pago por el inmueble”. Asimismo, utilizó un “enfoque de mercado” para establecer el valor del terreno.

El informe también determinó que la clínica era un edificio “de equipamiento de salud en desuso y con un grado de evidente deterioro”. Por lo que necesitaría una serie de inversiones para poder operar.

“En su actual condición consta de consultas médicas, pabellones quirúrgicos y hospitalización de baja complejidad, careciendo completamente de unidades de urgencia, exámenes, diagnóstico por imágenes y unidades críticas de hospitalización”, indicó el documento.

Al darse a conocer estos antecedentes, este lunes los diputados republicanos Juan Irarrázaval y Johannes Kaiser, quienes son querellantes en el caso, solicitaron la formalización de la alcaldesa Hassler y otras siete personas involucradas.

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