El informe solicitado por el Ministerio Público apuntó a que la Municipalidad de Santiago iba a desembolsar casi el doble de lo que realmente correspondía por la exclínica.
El fiscal Patricio Cooper solicitó a la justicia una rectificación, luego de que Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago le otorgara a la alcaldesa la calidad de querellante en la investigación.
En medio de las investigaciones al municipio, se anunciaron acciones legales hacia personas involucradas en la fallida compra de la ex clínica.
El propietario aseguró que la alcaldesa de Santiago presentó “un primer precio” y luego insistió con mejores ofertas.
Querellantes piden que se solicite una autorización judicial para decomisar todos los equipos tecnológicos de la edil.
