El fútbol chileno atraviesa un momento delicado, por decir lo menos.

El cartel del gol, reportaje que emitió Informe especial, dejó al descubierto las presuntas irregularidades que desde hace ya tiempo parecen afectar el normal desarrollo del certamen local: multipropiedades en los clubes, operaciones cuestionables y sin regulación suficiente de algunos representantes, y cómo no, el estrecho vínculo que aparentemente existe entre las instituciones y la propia ANFP con las casas de apuestas en línea.

En corto, el ministro del Deporte, Jaime Pizarro, abordó todas estas polémicas en conversación con La Tercera y apuntó a la conformación de un proyecto que separe la federación del ente rector del balompié nacional, como también una mayor supervisión a lo que sucede con los agentes de futbolistas y la asociación con los casinos online.

En el parlamento también hay movimiento sobre esto último. El diputado Jaime Mulet, miembro de la comisión de Deportes, aseguró que “voy a tirarme con la Comisión Investigadora, que solo pueden fiscalizar los actos de gobierno realizados por órganos del estado que tengan relación con la ANFP”. Entre los temas que pretende revisar, luego mencionó “los contratos con casas de apuestas ilegales, las medidas que se han adoptado en relación a los contratos dobles, arbitrajes, laborales con la contratación de jugadoras en el fútbol femenino y que representantes sean dueños de clubes de fútbol”.

El ministro de Justicia Luis Cordero también se sumó a la preocupación por lo que ocurre con el fútbol chileno y, de paso, confirmó sus primeros movimientos: “El ministerio tiene una investigación abierta por el caso de la ANFP. Esta debiera ser como la tercera investigación y fiscalización que se realiza. No ha sido fácil en el pasado”, señaló en charla con Radio ADN.

Más tarde, luego de enumerar sus intentos, precisó que ahora “el proceso de fiscalización tiene que ver con los contratos que tiene suscrito la ANFP con las casas de apuestas”.

Las conclusiones podrían ser devastadoras para el ente rector. Incluso, existe la oportunidad de que se pierda la personalidad jurídica de la organización. “Legal y teóricamente, es posible. Dependerá del contenido final de la fiscalización”, explicó Cordero.

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