La renuncia todavía reciente de Michael Clark a la presidencia de Azul Azul, lugar que fue ocupado por Cecilia Pérez en la última reunión de directorio, cobró más sentido ahora que la Policía de Investigaciones, conforme se desbroza el caso Sartor, allanó su domicilio y además, entre otras dependencias, el Centro Deportivo Azul.

Una diligencia solicitada por el fiscal Juan Pablo Araya y que autorizó el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago con la pretensión de registrar e incautar material que permita avanzar en las indagaciones, de modo que, durante el operativo, los funcionarios recopilaron información a través de equipos electrónicos y documentación considerada clave.

Las pesquisas apuntan a presuntos delitos, como negociación incompatible, administración desleal, fraude a la Ley de Mercado de Valores y omisión de oferta pública de adquisición de acciones.

Concretamente, se acusa a un grupo de imputados dentro de los cuales se encuentra el expresidente azul de haber utilizado a Sartor AGF para “financiar entidades relacionadas con sus propios intereses”, es decir, “generando conflictos con los aportantes”.

Clark, en noviembre, ya había sido sancionado —junto a otros directores— por la Comisión para el Mercado Financiero.

Entonces, la multa aplicada fue de 65 mil UF, más de dos mil seiscientos millones de pesos. Eso y, además, una inhabilitación de cinco años para ejercer cargos en empresas reguladas.

Michael Clark fue presidente de Azul Azul S.A., concesionaria que maneja los destinos de Universidad de Chile, desde el 21 de octubre de 2021 hasta el 23 de abril de 2026. Ese día publicó lo siguiente: “Esta maravillosa experiencia que he tenido desde la Presidencia del Club termina hoy. Junto con la firma de esta carta, he comunicado mi renuncia al cargo de Presidente y Director de Azul Azul S.A. Mis mejores deseos para el nuevo Presidente o Presidenta de la U, así como para quienes asuman próximamente en el Directorio. Estaré siempre disponible para aportar en lo que requieran de mí“.