Elon Musk vuelve a estar en el centro del debate público con sus polémicas declaraciones sobre la productividad laboral. A través de la red social X, el magnate expresó: “DOGE trabaja 120 horas semanales. Nuestros opositores burocráticos trabajan con optimismo 40 horas a la semana. Por eso pierden tan rápido”.

DOGE es el Departamento de Eficiencia Gubernamental, liderado por Musk tras su designación por Donald Trump. En sus primeras semanas, esta entidad ha tomado medidas drásticas como suspensión y despido de empleados públicos, eliminación de agencias clave, entre otros. Hasta ahora, sin ofrecer explicaciones.

Trabajo sin sueldo para los “más inteligentes”

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es el llamado de DOGE a personas con un “coeficiente intelectual muy alto” para trabajar sin remuneración. En noviembre de 2024, la cuenta oficial de la entidad publicó: “Necesitamos revolucionarios con un coeficiente intelectual muy alto dispuestos a trabajar más de 80 horas por semana en recortes de costos poco glamorosos”.

Cuando un usuario señaló la enorme carga de trabajo y la falta de compensación, Musk respondió tajante: “De hecho, será un trabajo tedioso, generará muchos enemigos y la compensación será cero”.

Estas afirmaciones refuerzan su conocida postura en contra del teletrabajo y elevan aún más sus exigencias laborales, sugiriendo que los empleados deberían trabajar 120 horas semanales e incluso dormir en las oficinas para maximizar el tiempo productivo.

Comenzó intimidando con despedir a los trabajadores que no volvieran a la oficina tras el teletrabajo y recientemente solicitó a los 3,2 millones de funcionarios que le enviasen un mail explicando el trabajo que habían realizado en la última semana. En caso de no responder, estos podrían perder su trabajo.

¿Modernización o explotación?

El hecho de que ingenieros de apenas 19 años estén formando parte de DOGE ha generado preocupación sobre posibles casos de explotación laboral. Mientras algunos defienden estas medidas como una modernización del sector público, otros advierten sobre posibles violaciones a los derechos laborales.