Recientemente el Presidente Boric presentó la Estrategia Nacional de Integridad Pública (ENIP), la que tiene como principal objetivo combatir la corrupción que afecta a varias instituciones estatales y que han generado un gran descontento en el país.

Según señalan desde el Gobierno, la medida es una política hecha de manera participativa, basada en evidencia, y con un enfoque proactivo orientado a mejorar los estándares de transparencia, integridad y lucha contra la corrupción. Aplicando más de 200 medidas concretas se espera subir los estándares de integridad.

Entre los principales puntos que están incluidos en la iniciativa se encuentra una estrategia para enfrentar la corrupción en la función pública, detallando que contiene 70 medidas, entre ellas la presentación de un proyecto de ley de prevención de conflictos de intereses, el que agrupa diferentes medidas legislativas como: Nuevas habilidades post-empleo que regulen el tránsito del mundo privado al público y viceversa. Incluye el establecimiento de sanciones; restringir la contratación de parientes en altas autoridades; inhabilidad de 10 años para ejercer cargos públicos o de elección popular a quienes cometieron delitos de corrupción.

Otro punto fuerte de la estrategia que está siendo discutido en la Cámara tiene que ver con las municipalidades, y busca conseguir: mayor control a las corporaciones municipales en el sistema de gestión y control de cada municipio (recomendada por Comisión Jaraquemada), deber de auditoría externa en caso de recibir aportes públicos sobre los 10 mil UTM anuales; impedir que alcaldesas y alcaldes nombren a hijos, padres, cónyuges, convivientes civiles o parientes (ya sea respecto del alcalde o concejales) en cargos de exclusiva confianza.

Cuidado de recursos públicos

A propósito de las platas perdidas en fundaciones, la ENIP considera 40 medidas para proteger los recursos públicos, entre las que se encuentran:

La Ley de compras públicas que fue promulgada recientemente agrupa medidas legislativas, como un sistema de detección de conflictos de intereses y monitoreo de tratos directos; la presentación de un proyecto de ley General de Transferencias que regularía de forma permanente las transferencias estatales a instituciones privadas sin fines de lucro; estas medidas consolidaría lo incorporado en el Presupuesto 2024.

Desde el Gobierno además establecen que estas medias están orientadas a mejorar la transparencia. Es por esto que entre sus medidas se encuentra la apertura de datos del Estado a través de medidas administrativas, legislativas y de gestión. Además, se busca desarrollar un portal único de cuentas públicas de las instituciones del Estado y un portal donde responder solicitudes de la ciudadanía.

En términos de corrupción en la política, se establecen medidas que obligan a que los representantes en el parlamento tengan una conducta intachable de la siguiente manera: Impedir postulación a cargos públicos a condenados por corrupción, ya sean candidatos a cargos públicos o de autoridades de partidos políticos.

Uno de los puntos finales tiene que ver con la regulación de gasto electoral y otros temas de campañas políticas, con las que se busca: Reducir los topes de gasto electoral y los límites de aportes por persona en campañas; Limitar la contratación de personal en un municipio durante el período electoral; Obligación de establecer tarifas de publicidad en redes y portales web.

El último apartado de la estrategia apunta a combatir la corrupción en el sector privado, detallando que la estrategia nacional considera crear un Registro Nacional de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas, para facilitar el combate a la evasión fiscal, crimen organizado, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, atentados contra la libre competencia y conflictos de intereses.

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