En un momento crítico para el sistema de salud chileno, organizaciones médicas y expertos han encendido las alarmas sobre la urgencia de garantizar el acceso a medicamentos oncológicos con estudios clínicos comprobables, especialmente para los pacientes del sistema público.

Las cifras son preocupantes: en la última década, algunas patologías oncológicas han experimentado un incremento del 40% en su tasa de mortalidad, mientras que las listas de espera para tratamientos oncológicos aumentaron un 166% solo en los últimos dos años.

Por su parte, según datos del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) del Ministerio de Salud, entre 2020 y 2022 se registraron 100,1 muertes por cada 100.000 habitantes debido al cáncer, consolidándolo como una de las principales causas de muerte en Chile.

Si bien en algunos subtipos hay una leve baja, la carga global de la enfermedad sigue siendo alta.

Este complejo escenario ha llevado a muchas personas a optar por medicamentos de bajo costo, muchas veces adquiridos fuera de canales oficiales. Sin embargo, la falta de respaldo científico y de garantías en la calidad de estos productos puede comprometer gravemente la salud de los pacientes.

Medicamentos sin estudios clínicos

El uso de fármacos sin aval científico en tratamientos oncológicos representa un riesgo significativo.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los medicamentos falsificados o de calidad subestándar provocan miles de muertes cada año, particularmente en el tratamiento de enfermedades graves como el cáncer.

Expertos coinciden en los principales peligros:

• Dosis incorrectas del principio activo, lo que reduce la eficacia del tratamiento.
• Efectos adversos desconocidos, que pueden agravar la condición del paciente.
• Generación de resistencia a futuras terapias, reduciendo las opciones terapéuticas disponibles.

Aunque en Chile aún no existen estudios que cuantifiquen directamente su impacto en la mortalidad, diversos informes vinculan estos productos con una atención médica deficiente, lo que puede derivar en complicaciones irreversibles en la salud de los pacientes.

En este contexto, la Corporación Nacional del Cáncer (CONAC) se posiciona como una alternativa segura y confiable. Esta entidad sin fines de lucro ofrece a través de su Banco de Drogas medicamentos oncológicos con respaldo científico, disponibles tanto en versiones originales como bioequivalentes certificados.

Una de sus principales innovaciones es el Botiquín Oncológico, presente en 15 sucursales y 8 botiquines a nivel nacional, que permite a los pacientes adquirir solo la cantidad necesaria del medicamento, con precios subsidiados y bajo estándares de almacenamiento certificados.

Además, esta red cubre patologías incluidas en los planes AUGE y GES, permitiendo que pacientes del sistema público accedan al mismo tratamiento farmacológico que quienes se atienden en clínicas privadas.

Crecimiento del mercado informal

A pesar de los riesgos, la venta informal de medicamentos en Chile sigue en aumento.

Es más, según datos del Instituto de Salud Pública (ISP) revelan que los decomisos por venta irregular crecieron un 72,4% entre 2021 y 2022, pasando de 988.853 a 1.705.272 unidades incautadas. Esta oferta se concentra principalmente en ferias libres y plataformas digitales.

Una encuesta del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la Universidad del Desarrollo (CIPS-UDD) en 2022 reveló que el 31% de los encuestados ha comprado medicamentos en ferias, mientras que un 52% prefiere acudir a farmacias para obtenerlos más rápido, lo que evidencia la necesidad de mejorar los tiempos de atención y acceso en el sistema formal.

Frente a esta situación, CONAC y la comunidad médica hacen un llamado urgente a las autoridades sanitarias para reforzar la fiscalización del mercado informal, promover la educación sobre el uso seguro de medicamentos, y garantizar el acceso equitativo a tratamientos oncológicos de calidad.

Asimismo, se insta a pacientes, familiares y profesionales de la salud a informarse sobre las fuentes de adquisición de medicamentos, y preferir canales oficiales y regulados, para proteger la vida y asegurar que los tratamientos sean efectivos, seguros y respaldados por la ciencia.