El modus operandi era siempre el mismo. Un grupo de personas se hacía pasar por una supuesta trabajadora sexual para ofrecer servicios de este tipo en distintos sitios de la Internet.

Sin embargo, las citas nunca llegaban a concretarse y, en su lugar, los interesados eran amenazados con llevarse una “funa”: si no depositaban dinero a una cuenta bancaria en específico, serían difamados en las redes sociales.

Aquel mecanismo dejó 15 víctimas desde La Serena hasta Puerto Montt, según explicó a LUN el jefe de la Fiscalía Local de Lautaro, el fiscal Enrique Vásquez.

“Me ha tocado investigar extorsiones por ocupaciones de predios y robo de madera, pero nunca relacionado con un servicio sexual. La extorsión es un delito grave. En este caso operaba un clan familiar (...) Creemos que puede haber más por los montos de dinero que ellos manejaban. Seguramente no hicieron la denuncia por vergüenza”, detalló la autoridad.

Qué se sabe del caso

Según explicó el fiscal, todas las víctimas eran hombres adultos y llegaban a estas supuestas trabajadoras sexuales a través de distintas páginas web dedicadas a este ámbito.

Una vez que seleccionaban el perfil, se les redirigía a un chat de WhatsApp.

“Las víctimas pedían información sobre el servicio que prestaba la trabajadora sexual y el valor del mismo. Al momento de solicitar una cita, les decía que le debían transferir $40.000 como reserva (...) Al parecer no es usual pedir la plata por adelantado. La principal amenaza era la difamación pública en redes sociales. Lo que se conoce popularmente como ‘funa’”, explicó al citado medio.

De esta manera, ocupaban sus fotos de perfil en la plataforma para crear “una publicación donde salía su nombre con las palabras ‘pervertido’, ‘degenerado’ y decía que lo iba a compartir en Facebook”.

“También afirmaba que llegaría con prostitutas y travestis hasta su domicilio para que su familia se enterara. En un caso hubo hasta una amenaza de muerte”.

Los montos que pedían para evitar esas situaciones iban desde los $150.000 hasta los $900.000, mientras que “la mayoría pagaba una vez pensando que lo dejarían tranquilo”.

No obstante, “las extorsiones seguían y eso los motivó a hacer la denuncia”.

Los imputados por este caso son Gastón Vásquez (31), su pareja Paulina Corvalán (41), la hija de esta última, Danae Muñoz (22), y su hermana, Alejandra Vásquez.

El primero de ellos tenía una condena previa por cinco años y un día, debido a un robo con intimidación.

En palabras del fiscal, “ninguno de los cuatro tiene trabajos formales u otras fuentes de ingreso”. Comenzaron a operar de esta manera en 2021.

Hoy, se encuentran en prisión preventiva.