Otra vez un nombramiento del gobierno está en el ojo de la polémica. Esta vez se trata del abogado venezolano Santiago Acosta.

Primero saltó el caso de Lucy Depablos Chacón, activista y politóloga del país del joropo que fue contratada en la Dirección Nacional del Servicio Civil como jefa de Comunicaciones, con una remuneración que llegó a los $5,6 millones de pesos chilenos. Finalmente, terminó renunciando al cargo en medio de los cuestionamientos en septiembre pasado.

Esta vez, según expuso el medio de investigación Contrapoder, se trata del caso de Santiago Acosta Rajbe, abogado y también activista venezolano que trabaja en el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero que no tendría revalidado su título profesional en Chile.

El hombre de las leyes se desempeña como asesor de la Dirección de Planificación Estratégica (Diplane), unidad que apoya al ministro Francisco Pérez Mackenna en materias de política exterior. Por estas funciones recibe una remuneración mensual de $4.145.849, bajo la modalidad de contrato de experto.

Sin embargo, el reportaje advierte una particular situación que podría traerle complicaciones. Su formación académica figura como enseñanza media, pese a contar con un título de abogado otorgado en 2018 por la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela.

Además, el citado medio apuntó que el nombre de Acosta no fue hallado en los buscadores de abogados del Poder Judicial ni en los registros de títulos extranjeros revalidados por la Universidad de Chile, por lo que se cuestiona si estaría habilitado para ejercer la profesión en nuestro país.

El caso se suma al del exconcejal de Maracaibo Romer Rubio, quien también cumple labores de asesoría en la Presidencia de la República y cuyo reconocimiento profesional fue cuestionado anteriormente. De hecho, el pasado 23 de septiembre, la Contraloría solicitó antecedentes al Ejecutivo para acreditar su calidad de experto y justificar las funciones que desempeña en el Segundo Piso de La Moneda.

Cabe señalar que la ausencia de un título en estos registros no demuestra por sí sola una irregularidad en la contratación de un asesor.

Por otra parte, el nombre de Acosta saltó en una investigación de El Mostrador sobre presuntas gestiones de lobby a favor de Estados Unidos al interior de la Cancillería.