El abogado Jonatan Valenzuela, en representación de Gabriel Boric, solicitó al Tribunal Constitucional declarar inadmisible un requerimiento presentado por la Fundación Fuerza Ciudadana.

Según consta en Radio Biobío, la acción de la Fundación apunta a dejar sin aplicación dos normas del Código Procesal Penal, con el objetivo de permitir que querellantes acusen directamente, sin pasar por el Ministerio Público.

Valenzuela afirmó, en simple, que la solicitud no tiene sustento en la Constitución ni en la ley y que busca convertir una decisión propia de la justicia penal en una disputa política. Y planteó que eso no le corresponde resolver al Tribunal Constitucional.

Además, explicó que el recurso no cambia nada de fondo en el caso, porque la investigación no está cerrada de manera definitiva ni existe hoy una vulneración concreta de derechos constitucionales.

El abogado del Presidente sostuvo que aceptar lo que pide la fundación desvirtuaría el sentido de este tipo de acciones legales y permitiría cuestionar fallos solo porque resultan incómodos para una de las partes.

Finalmente, advirtió que permitir acusaciones sin una formalización previa provocaría juicios paralelos al margen del Ministerio Público, rompiendo las reglas básicas del sistema penal chileno.

Otros imputados y defensas, incluidos asesores presidenciales y representantes de la Fundación Allende, también pidieron declarar inadmisible el requerimiento.

En contraste, los abogados de Isabel Allende y Maya Fernández se limitaron a solicitar que el TC resuelva conforme a derecho sobre la admisibilidad del caso.

La polémica de la casa de Allende

El caso se origina en la investigación por presunto fraude al fisco tras la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende por parte del Ejecutivo.

La indagatoria se abrió al detectarse inhabilidades constitucionales en dos herederas: la senadora Isabel Allende, quien terminó siendo destituida, y la ministra Maya Fernández, quien dejó su cargo.

Tras diez meses y múltiples diligencias, el fiscal regional Patricio Cooper resolvió en octubre no perseverar en la investigación.