Con el objetivo principal de mejorar la calidad y oportunidad de atención en la red de salud, el Presidente Gabriel Boric firmó durante este miércoles el proyecto de Ley Integral de Salud Mental, la cual también promueve la inclusión social y reconocimiento de la salud y cuidado mental en nuestro país

En conjunto a la Ministra de Salud, Ximena Aguilera, se firmó este nuevo proyecto que brinda un enfoque preventivo e integral del abordaje del bienestar de las personas.

“Este proyecto tiene algo muy relevante para nosotros desde el punto de vista de la salud pública y que es un proyecto integral en el sentido de que trata de promover y proteger la salud mental de la persona desde que nace y durante todo el curso de vida”; afirmó la Ministra.

En este sentido, se busca trabajar en la importancia de este proyecto, considerando la alta carga de enfermedades de salud mental que tiene nuestro país, problemática que aumentó considerablemente durante el periodo de confinamiento en pandemia.

Objetivo de la Ley Integral de Salud Mental

En contexto, el Presidente Boric compartió también los principales objetivos de poder llevar a cabo este proyecto de ley, el cual promueve y protege la salud mental de todas las personas durante el desarrollo de la vida.

“Con esto, estamos cumpliendo con los miles de niños, niñas, jóvenes y adultos que necesitan del compromiso del Estado para abordar la salud mental”.

“Este proyecto busca mejorar la calidad y la oportunidad de la atención en la Red de Salud, promover la inclusión social y abordar las necesidades de las personas con enfermedades y padecimientos mentales, con o sin discapacidad psíquica o intelectual, reforzar el reconocimiento del respeto a la dignidad y los derechos humanos como esenciales en la aplicación de esta normativa”; añadió.

Puntos importantes de la nueva Ley Integral de Salud Mental

• Salud mental en las políticas públicas

Esta iniciativa busca crear un Comité Interministerial de Salud Mental, el cual se hará cargo de elaborar la Política Nacional de Salud Mental.

Además del Ministerio de Salud, otros sectores habrán desarrollado medidas para el cuidado de la salud mental en: educación, trabajo, vivienda, desarrollo y protección social, justicia, además de un párrafo referido a las Fuerzas de Orden y Seguridad.

• Fortalecimiento institucional

La Superintendencia de Salud supervisará el cumplimiento de la ley integral de salud mental y también de la ley 21.331 sobre derechos de las personas con trastornos o enfermedades mentales en su atención de salud.

Las corporaciones de Asistencia Judicial podrán entregar asistencia jurídica y representación judicial a personas con discapacidad psíquica, intelectual y de aquellas personas sujetas a una hospitalización involuntaria que lo requieran.

El Ministerio de Salud tendrá en funcionamiento la secretaría ejecutiva del Comité Interministerial, resguardando el avance de la política nacional de salud mental y su implementación.

La Comisión de Protección de Derechos en Salud Mental (ex CONAPREM) tendrá una función más operativa y concreta en el resguardo de los derechos de las personas con trastornos o enfermedades mentales. Además, el Estado dispondrá de la Primera Encuesta Nacional de Salud Mental.

• Atención y cuidados de salud mental, Inclusión social y vida independiente

El Estado y sus órganos serán responsables de desarrollar políticas de apoyo a la vida independiente y la inclusión social de las personas con enfermedades o trastornos de salud mental.

Los servicios sanitarios, los apoyos ambulatorios y hospitalarios se proveerán en un modelo integrado con la atención de otras necesidades de salud.

Los servicios de atención tendrán orientaciones claras para que los desarrollos de servicios futuros sean de calidad, cercanos a las comunidades y a los lugares de residencia de las personas, que respondan a las necesidades de la población y se organicen de la forma más integrada posible con el resto de la red de salud.

Un Reglamento vigente determinará los estándares de calidad y de protección de derechos para todos los servicios residenciales existentes, independientes de su modalidad de administración.