Un insólito fallo, que ha sido calificado como un grave error judicial, permitió dejar en libertad a cinco peligrosos integrantes del Tren de Aragua, en la comuna de Los Vilos. Audios revelan insólito intercambio entre jueza y asistente de fiscal.

Fue el lunes recién pasado cuando la defensa de los cinco venezolanos pidió cambiar la prisión preventiva por arresto domiciliario total. Inesperadamente, tanto la Fiscalía como el tribunal accedieron a la petición previo pago de una fianza de $5 millones de pesos cada uno.

Los sujetos salieron de la cárcel y la Fiscalía apeló, posteriormente, por escrito. La Corte de Apelaciones revirtió el cambio de cautelar, pero ya era muy tarde: cuatro de los imputados, hasta el cierre de esta nota, seguían inubicables.

¿Cómo pasó esto? ¿De quién es la culpa?

En el fallo de la Corte se evidenció el error: estableció que no había argumento alguno para modificar la prisión preventiva. Una situación que quedá aun más a la vista al escuchar la grabación de la audiencia.

En el registro, la defensa cuestionó las pruebas de la Fiscalía, pero el representante del ente persecutor, el abogado asistente de fiscal, Luis Soto, no supo responder. Reconoció no tener los antecedentes a mano.

“Tiene que ser más preciso, fiscal (...) Usted no me puede decir solamente que todo se mantiene, esto está tal cual, tiene que hacerme alegaciones más precisas. A su juicio no hay antecedentes nuevos”, se oye decir a la jueza Daniella Pinto.

Soto se limitó a afirmar que “a través de las pericias realizadas y de la investigación realizada los sitúa como parte de la organización criminal, su señoría”.

La jueza ya estaba molesta: “¿Y yo tengo que confiar en eso? (...) Usted precise esos puntos. ¿Lo sabe o no lo sabe?”

Fiscalía: “No, su señoría. Lo desconozco”.

Jueza: “¿Sabe lo que dice el artículo 142 Bis? Fiscal ¡lea el artículo! ¡Léalo! ¡Léalo por último!”

“Oiga, esto me parece, pero, impresentable... ¡Impresentable! Porque estamos hablando de una de las causas más emblemáticas que tiene la Fiscalía de Los Vilos y usted me está haciendo alegaciones de este tipo”, regañó la magistrada.

Fue así como el asistente de fiscal, reconociendo que no pudo hacer las alegaciones como correspondía, terminó por acceder: “El Ministerio Público cree prudente para todos ellos la suma de $5 millones”.

Y al parecer, a la jueza no le quedó otra: “Yo estimo que efectivamente una caución de menos de $5 millones no permitiría salvaguardar eficazmente el fin del peligro de fuga. Si es que se efectúa el pago de la suma antes dicha, arresto domiciliario total, firma mensual que será diligenciada por funcionarios de Carabineros y también el arraigo nacional”.