Un informe de la Environmental Justice Foundation (EJF) reveló abusos contra los derechos humanos y daños ambientales asociados a la flota china de aguas distantes que opera en el Pacífico Sudeste, en un contexto de creciente presión sobre la jibia.

La investigación sostiene que 528 buques chinos dedicados a la caza de la jibia operaron en 2024 en el área de la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur (OROP-PS), el doble que en 2014, concentrando el 98,7% de la actividad de pesca en alta mar en la zona.

Según el reporte, la falta de transparencia y fiscalización efectiva permite la persistencia de condiciones de trabajo forzoso, violencia física y muertes de tripulantes, además de prácticas como el “aleteo” de tiburones y métodos de pesca considerados destructivos.

La publicación coincide con la próxima reunión de la OROP-PS en Panamá, desde el 2 de marzo, instancia en la que se discutirán propuestas para fortalecer la regulación y el manejo del recurso en alta mar.

El documento advierte que la sobrepesca fuera de las Zonas Económicas Exclusivas amenaza la sostenibilidad de la jibia, un recurso estratégico para Chile, cuya flota artesanal - cerca de 1.800 embarcaciones - desembarcó más de 105 mil toneladas en 2023.

En 2024, las exportaciones chilenas de jibia alcanzaron los $178 millones dólares, con un alza de 56% respecto del año anterior. Sin embargo, EJF alerta que la presión en alta mar podría neutralizar las medidas de conservación aplicadas a nivel nacional.

En ese escenario, el informe señala una asimetría regulatoria: mientras en Chile rige la prohibición del arrastre para esta especie y controles más estrictos, la flota china de aguas distantes operaría bajo estándares menos exigentes fuera de aguas jurisdiccionales.

También advierte un cambio en las recaladas portuarias. Tras mayores restricciones en Perú, las recaladas de buques chinos en puertos chilenos pasaron de menos de diez en 2024 a cerca de 180 en 2025, exponiendo al país a riesgos económicos y reputacionales.

En ese escenario, la EJF plantea que Chile enfrenta una definición estratégica: reforzar su rol en la gobernanza regional y el control portuario o asumir los costos asociados a un sistema que, según el informe, hoy carece de salvaguardas suficientes para proteger el recurso y a las comunidades vinculadas a su explotación.