El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) denunció ante la justicia a supermercados y tiendas de retail del país, luego de detectar infracciones a la Ley del Consumidor (LPC) por la aplicación indebida de medidas de seguridad y vigilancia en los locales.

Según informó Radio Biobío, los incumplimientos fueron detectados por fiscalizadores, quienes constataron que los guardias de seguridad exigían a los consumidores mostrar la boleta de compra al momento de salir del local, para corroborar el pago de los productos que llevaban.

Fueron 13 supermercados y tiendas las que fueron afectadas con esta acción judicial, las cuales se encuentran en la región Metropolitana, Los Ríos, Antofagasta y Bío Bío.

En detalle, el organismo informó que los supermercados denunciados son: Hiper Lider y Lider Express, Supermercado Unimarc, Super 10 (Mayorista 10), Supermercado Tottus y Supermercados Acuenta.

Por otro lado, las tiendas de retail que deberán enfrentar la acción judicial son: La Polar, Corona, Falabella, Ripley, Easy, Homecenter Sodimac y Construmart.

Más de 50 fiscalizaciones

El director nacional del Sernac, Andrés Herrera, señaló que si bien las empresas tienen el derecho a tomar medidas de seguridad, lo deben hacer empleando altos estándares de profesionalidad y respetando la dignidad y derechos de las personas.

“Durante las fiscalizaciones realizadas pudimos detectar que las empresas denunciadas no cumplieron con las exigencias que establece la Ley del Consumidor respecto de una serie de aspectos que son muy relevantes a la hora de adoptar medidas de seguridad y vigilancia en las dependencias de sus locales comerciales”, afirmó el director.

En esa misma línea, agregó: “Entre ellos, no entregar información veraz y oportuna sobre dichas medidas, actuar discriminando arbitrariamente o no respetando la dignidad de las personas, y la falta al deber de profesionalidad, entre otras materias esenciales”.

Asimismo, Herrera afirmó que la medida de exigir a los consumidores las boletas al salir del local, no sólo es “desproporcionada” y “poco profesional”, sino que a la vez implica “someter a los consumidores a situaciones de estrés, que además pueden dar pie a malos tratos o dejar la puerta abierta a discriminaciones arbitrarias o actuaciones vejatorias”.

El Servicio ha realizado más de 50 fiscalizaciones presenciales y documentales desde el 2022 a la fecha, para poder verificar que las empresas cumplen con la Ley del Consumidor, con respecto a la materia de “seguridad y sistemas de vigilancia y trato digno”.

Este proceso comenzó tras detectarse a través de los reclamos y de las alertas ciudadanas que algunos supermercados y tiendas de retail estaban exigiendo las boletas a los clientes.

Finalmente, el organismo denunció ante la justicia a las 13 empresas debido a los protocolos y prácticas que tenían con respecto a la solicitud de los tickets, como: control de boleta a consumidores que llevan carros con gran cantidad de mercadería, alto valor o sólo productos tecnológicos o de línea blanca; no informar acerca de la voluntariedad del procedimiento; control de preferencia a jóvenes; revisión de productos que salen sin bolsa y de grandes dimensiones.

El organismo detalló que, en caso de maltrato, discriminación o ser acusado de falso robo, las empresas arriesgan multas de hasta 300 UTM, lo que corresponde a más de $19 millones por infracción, junto con las compensaciones que el tribunal determine para el cliente que se vea afectado.

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