A través de un informe, Contraloría advirtió una “debilidad de control” por parte del municipio de Las Condes en relación con cuantioso recursos públicos.

Las falencias fueron halladas en el proceso de subvenciones y aportes por asignación directa de la muni a diferentes organizaciones.

Según reveló La Tercera PM, en el examen realizado por ente fiscalizador se encuentran las transferencias realizadas a la Junta de Alcaldes de Providencia, Las Condes y La Reina, la Corporación Cultural de Las Condes, la Unión Comunal de Junta de Vecinos de Las Condes, Fundación Integra, Fundación Teatro Municipal de Las Condes y la Asociación de Municipalidades Parque Cordillera.

En ese sentido, Contraloría detectó que la Municipalidad de Las Condes durante todo el 2021 transfirió en total $1.006.059.827, de los cuales $10 millones fueron para la ACHM, $700 millones para AMSZO, $160 millones para AMZO y $135 millones para la Amuch.

Además, el órgano detectó que dichos recursos nunca se rindieron y tampoco la municipalidad exigió claridad con el destino de los mismos. A esto se suma que $55 millones transferidos por Las Condes para la administración del Parque Hurtado no fueron acreditados.

Todo lo anterior, a juicio de la Contraloría, “obedece a una debilidad de control” de parte de la administración de la alcaldesa UDI, Daniela Peñaloza, según las atribuciones del municipio.

Suma y sigue

“Pero no sólo las rendiciones fueron cuestionadas por Contraloría a las organizaciones municipales. Y es que según el informe también se detectó que hay funcionarios que tienen ‘duplicidad de funciones’. Y es que se advierte que una serie de trabajadores contratados por la Asociación de Municipalidades para la Seguridad Ciudadana en la Zona Oriente, ejercían sus labores en la Municipalidad de Las Condes”, precisa LT.

Todos los antecedentes anteriores fueron derivados por Contraloría al Concejo de Defensa del Estado (CDE).

Consultados al respecto, desde la Municipalidad de Las Condes señalaron que “respecto a la rendición de las transferencias a instituciones privadas, la interpretación histórica de las Unidades Técnicas de Control del municipio sostenía que aquellos recursos no debían ser fiscalizados al ser transferidos a “instituciones de naturaleza privada”, argumentando además que el municipio era “parte socia” y que, en definitiva, estaríamos “fiscalizándonos nosotros mismos”. Postura que fue desechada por Contraloría.

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