Los últimos preparativos para la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado realizada en La Moneda, fueron acordados por la presidencia el pasado jueves 7 de septiembre.

Fue solo cuatro días antes del 11 de septiembre que se firmó el contrato por $ 640.499.055 con “Weise y Asociados Limitada”, la productora La Oreja, quienes quedaron a cargo de la organización “artística y técnica para un acto cultural y actividades”, según información publicada por La Tercera.

Al quedar tan poco tiempo, no se alcanzaba a cerrar un proceso licitatorio, por este motivo el contrato se adjudicó vía trato directo.

El mencionado medio afirmó que las “funciones fueron solicitadas por ‘Producción Presidencial’, dependiente del equipo de Programación del Segundo Piso, que encabeza Pablo Arrate”.

El contrato indica que los servicios prestados se centran en “un acto cultural y diversas actividades que tiene por objeto generar un espacio de encuentro y reflexión de la sociedad chilena en torno a la memoria, la democracia y el futuro”.

También se deja especificado que se escogió esta empresa por su “reconocida trayectoria en la materia, ofreciendo suficientes garantías de confianza, calidad y seguridad en la prestación de los servicios requeridos”

Los detalles del contrato

La empresa fue requerida el 6 de septiembre pasado y emplea un equipamiento para el Patio de los Naranjos, Patio de los Cañones y la Plaza de la Constitución.

En este último lugar, se contempló un escenario de 41,12 metros de ancho por 10,28 metros de largo, así como un semi círculo frontal de 15,42 por 7,71, a 1 metro de altura.

También se consideraron dos pantallas LED laterales curvas on stage, de 8 metros de ancho, además de tres generadores, servicios de camarines para los artistas y el personal de producción del evento.

Dentro del equipo contratado se incluye a una presentadora, dos poetas y a los tres organilleros. El gobierno había trabajó con la agencia para la celebración de Navidad de 2022. En esa ocasión, la producción del evento tuvo un costo de $ 381 millones.

La Tercera consultó a Presidencia, y desde Palacio respondieron que: “La contratación cumplió con la normativa de compras públicas, que permite utilizar el trato directo cuando se usan gastos de representación, ceremonial y protocolo, para actividades institucionales oficiales. En ese sentido, el fundamento y el mecanismo de compra es el mismo que se ha usado para actos similares de la Presidencia en todos los gobiernos desde el retorno de la democracia. Asimismo, la legalidad del proceso fue validada por la Contraloría General de la República, que tomó razón del acto administrativo correspondiente”.

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