El pasado 22 de marzo, cuatro concejales de Las Condes presentaron una denuncia por los delitos de fraude al fisco, estafa y falsificación de instrumento público.

A raíz de esta acción judicial, la PDI allanó el edificio comunal para incautar computadores de la administración de Daniela Peñaloza.

En la acusación de los ediles, se repite el nombre de “Vulcon Asset Management Spa”, compañía que se encargó de la compra de parte del terreno donde se espera construir un nuevo Cesfam en la comuna y por el que se habría pagado un millonario sobre precio.

Según la denuncia presentada ante la fiscalía, la mencionada empresa también era dueña de una de las propiedades por la cual se pagaron $430 millones.

En diálogo con La Tercera PM, el concejal Patricio Bopp (ind. - exUDI) asegura que han pedido información “para conocer cómo la municipalidad llegó a esta empresa, de qué manera se presentan las ofertas y bajo que respaldos. El gerente general en una entrevista indicó que la operación comercial fue ‘guiada’ por la municipalidad, mientras la administración indica que esto fue una operación entre privados y se recibió una oferta por el paño en su conjunto. Aquí hay mucho que explicar y nos parece bien que se investigue, con las herramientas que el fiscal determine necesarias”.

Más sobre “Vulcon Asset Management Spa”

En su sitio web, la empresa se describe como “una administradora de capital privado conformada por un equipo de ejecutivos de reconocida experiencia. Enfocada en el desarrollo inmobiliario habitacional, bodegas industriales, bodegaje de terreno y renta inmobiliaria comercial, y habitacional. Contamos con un equipo demás de 25 años de experiencia en la industria inmobiliaria e industria financiera”.

Sin embargo, en los registros del Servicio de Impuestos Internos (SII), la compañía de la cual es socio el extenista Paul Capdeville y Nello Travisany, inició sus actividades tributarias en septiembre de 2020. Además, en julio de 2021, la empresa denominó sus actividades como “fondos y sociedades de inversión y entidades financieras similares”.

De hecho, al rubro inmobiliario recién ingresó el 29 de diciembre de 2022, cuando inició actividades de “otros servicios de corretaje de valores y commodities”.

De acuerdo al citado, en la causa judicial, ambos socios están calificados como denunciados por el delito de falsificación o uso de instrumento público.

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