La Corte Suprema dictó este lunes sentencia definitiva contra siete militares en retiro por el secuestro y brutal asesinato del cantautor Víctor Jara, crimen ocurrido en septiembre de 1973, horas después del Golpe de Estado en Chile.

En fallo unánime, el máximo tribunal ratificó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que condenó a siete miembros del Ejército en retiro a 15 años de presidio por homicidio y a otros 10 años por secuestro calificado de Víctor Jara Martínez y del entonces director de Prisiones, Littré Quiroga Carvajal.

Los condenados corresponden a Raúl Jofré González, Edwin Dimter Bianchi, Nelson Haase Mazzei, Ernesto Bethke Wulf, Juan Jara Quintana y Hernán Chacón Soto. Mientras que el otrora oficial Rolando Melo Silva, quien deberá purgar 5 años y 3 años de presidio, como encubridor.

El asesinato de Víctor Jara

Víctor Jara fue detenido la mañana del 12 de septiembre de 1973, luego que militares irrumpieran en dependencias de la Universidad Técnica del Estado, donde el artista realizaba clases.

Luego fue llevado, junto a otros académicos, estudiantes y trabajadores, hasta el Estadio Chile, que fue implementado como centro de detención. Los militares lo reconocieron de inmediato y comenzaron a agredirlo e insultarlo.

Jara y Quiroga fueron separados de los demás y sometidos a crueles torturas y vejámenes, solo por ser personas conocidas. El cantante fue agredido principalmente en su rostro y en sus manos, con “patadas, golpes de puño y golpes de culata con armas”, según consta en el fallo.

El 15 de septiembre, cuando se organizaba el traslado de los detenidos desde el Estadio Chile al Estadio Nacional, los dos fueron llevados a los camarines, en el subterráneo, donde fueron asesinados. Víctor Jara recibió 44 balazos y Littré Quiroga, 23.

Los militares sacaron sus cuerpos y fueron a tirarlos en la vía pública, “junto a los cadáveres de otras personas de identidad desconocida, muertas igualmente a raíz de proyectiles balísticos”.

Los cuerpos fueron encontrados el 16 de septiembre “por pobladores que pertenecían a organizaciones comunitarias y sociales, en las inmediaciones del Cementerio Metropolitano, en un terreno baldío cercano a la línea férrea, los que limpiaron sus rostros y pudieron reconocerlos, los que presentaban diversos hematomas y signos inequívocos de haber recibido fuertes golpes y los múltiples impactos de bala”, se lee en el fallo.

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