En 1978, un campesino llegó hasta la Vicaría para denunciar el hallazgo de cadáveres en los hornos de una mina de cal. Las 15 muertes habían ocurrido en octubre de 1973 por parte de carabineros. El caso detonó la Operación Retiro de Televisores y los cuerpos recién fueron entregados a las familias entre 2010 y 2016. Esta es la historia.
El 19 de junio del año 2018, casi 45 años después de ocurrido el suceso, un grupo de carabineros en retiro fue condenado por los delitos de secuestro calificado y secuestro simple cometidos en contra de quince campesinos - la mayoría trabajadores de una viña - en el fundo Naguayán de la localidad de Isla de Maipo. Su condena llegó 39 años después de que una corte marcial, en plena dictadura, los sobreseyese por Ley de Amnistía, por lo que durante largo tiempo vivieron en libertad.
Aquella vista gorda inicial, propia de aquellos tiempos en el país, no impidió que este caso de detenidos desaparecidos fuese el primero en ganar notoriedad durante el régimen liderado por Augusto Pinochet.
El evento en cuestión es conocido como el caso de Hornos de Lonquén y salió a la luz en 1978, luego de que un campesino llamado Inocente Palominos, cuyo hijo también era un detenido desaparecido, se dirigiese hasta las oficinas de la Vicaría de la Solidaridad para denunciar un hallazgo impactante: restos de cuerpos humanos estaban depositados sobre los hornos de una mina de cal ubicada a 12 kilómetros al este de lo que hoy es la salida a Talagante de la ruta 78, la cual actualmente une a Santiago con San Antonio.
Ante la denuncia del campesino, el vicarío Cristian Precht Bañados, cuya labor durante la dictadura terminaría siendo empañada décadas después por su expulsión del sacerdocio por casos de abusos sexuales, coordinó una comisión para verificar la situación en la que participaron diversos sacerdotes, el abogado Máximo Pacheco, el director de la revista Qué Pasa, Jaime Martínez, y el subdirector de la revista Hoy, Abraham Santibáñez.
Este último relató lo que encontraron: “trozos de cráneos amarillentos, con huellas de cuero cabelludo; pelos sueltos, negros; ropas desgarradas en las que se reconoce un blue jeans y un chaleco de hombre”.
Toda aquella situación llevó a la remoción de los cuerpos y, de acuerdo al fotógrafo Luis Navarro, reconocido por su obra capturando las imágenes en Lonquén, el caso en cuestión involucró acciones despiadadas. “Los enterraron con vida, es algo que no se quiso hablar en ese momento, a la familia, por respeto”, dijo en palabras que forman parte del celebrado documental “La Ciudad de los Fotógrafos”.
Las denuncias sobre detenidos desaparecidos eran completamente negadas antes de este caso. Después, pese a todos los intentos oficiales en la dictadura y sus defensores, la situación fue como tapar el sol con un dedo sangriento.
Asesinatos a casi un mes del golpe
La denuncia inicial ante la Vicaría dio pie a que los cuerpos fuesen desenterrados y se llevase a cabo una acción ante la Corte Suprema. Luego llegó una posterior declaración de culpabilidad e incompetencia de parte de la justicia ordinaria. Posteriormente ocurrió el paso a la justicia militar y la aplicación de la amnistía de 1978 que buscó zanjar todo el tema, pero el caso terminó siendo tan relevante que influyó operaciones militares para esconder la verdad y hasta inspiró un momento importante del libro “De Amor y de Sombra” de Isabel Allende publicado en 1984.
De acuerdo a lo presente en en el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (también conocido como informe Rettig), los asesinatos ocurrieron tras la noche del 7 de octubre de 1973.
“A partir de las 21:45, once personas pertenecientes a tres familias de campesinos del sector Isla de Maipo, fueron detenidos en sus respectivos domicilios, en una acción que tomó cerca de una hora y media, por efectivos de Carabineros de la Tenencia de Isla de Maipo, quienes se movilizaban en una camioneta perteneciente al dueño del fundo donde se encontraban las casas de los detenidos”, planteó el informe.
“Los agentes no portaban orden de detención ni allanamiento, a pesar de lo cual los domicilios fueron registrados, los familiares atemorizados y en algunos casos objeto de violencias innecesarias”, agregó el reporte. También explica que los detenidos fueron subidos a la camioneta, amarrado y tendidos boca abajo. Entre estos se encontraban Sergio Maureira Lillo (46) junto a sus hijos Sergio (27), José (26), Segundo (24) y Rodolfo (22); Carlos Hernández Flores (39) y sus hermanos Nelson (32) y Óscar (30), y Enrique Astudillo Álvarez (51) con sus dos hijos, Ramón (27) y Omar (19). Todos ellos llegaron hasta la tenencia y fueron golpeados.
Adicionalmente, durante la misma jornada, cuatro jóvenes, que se encontraban bebiendo en la plaza de Isla de Maipo, habían sido detenidos al mediodía y compartieron calabozo. Se trató del trabajador agrícola Miguel Brant Bustamante (22), el trabajador de un taller ciclista llamado Manuel Jesús Navarro (20), y los menores de edad José Herrera Villegas (17), quien realizaba trabajos esporádicos, y Iván Ordoñez Lama (17).
Ninguno de ellos volvería a ser visto con vida, mientras que los familiares de las víctimas siempre acusaron que los 11 campesinos fueron detenidos inicialmente tras una denuncia del empresario agrícola dueño del fundo, debido a diferencias arraigadas desde el gobierno de Salvador Allende. La mencionada camioneta en la que fueron trasladados pertenecían a José Celsi Perrot, cuya muerte en noviembre de 2022 generó algunos comentarios en redes sociales que no olvidaron su rol.
Las mentiras de carabineros
Según la declaración inicial de Carabineros, entregada a la Corte de Apelaciones de Santiago por el jefe de la tenencia, Lautaro Eugenio Castro Mendoza, luego de las búsquedas infructuosas de los familiares, los detenidos habían sido enviados al campo de prisioneros del Estadio Nacional. Sin embargo, tras el hallazgo de las osamentas en la mina de cal, se realizó la investigación tanto en la justicia ordinaria como por parte de la justicia militar, en la que los carabineros involucrados cambiaron su versión.
A partir de ahí declararon que, durante la madrugada del 8 de octubre, se trasladaron hasta la mina junto a los detenidos debido a que una de las personas declaró que había armamento oculto. En esa línea, aseguraron que se había gestado un enfrentamiento con armas de fuego contra todo el grupo, quienes resultaron muertos y los uniformados salvaron milagrosamente. Para evitar represalias, decidieron ocultar los cuerpos en los hornos.
Aunque el ministro en visita, Adolfo Bañados, se declaró incompetente, pudo constatar que los cadáveres enterrados correspondían a los 15 campesinos y que el jefe de la tenencia tuvo “ingerencia y responsabilidad directa” en las muertes.
Más aún, planteaba que la versión de los carabineros sobre el supuesto enfrentamiento armado resultaba “intrínsicamente inverosímil” y que el Instituto Médico Legal no detectó perforaciones, fractura ni vestigios relacionadas a proyectiles de armas de fuego en los cadáveres. “La muerte de las quince personas hay que atribuirla a otras causas”, concluyó Bañados.
La Fiscalía Militar terminaría dictando sentencia contra los carabineros de la tenencia en calidad de autores del delito de violencia innecesaria, pero se les sobreseyó por el decreto de amnistía.
“De acuerdo a todos los elementos referidos y sin perjuicio de lo establecido por la Justicia, ésta Comisión tiene convicción sobre la responsabilidad directa de los agentes del Estado que entonces prestaban servicios en la Tenencia de Isla de Maipo, en la muerte de los quince detenidos y del ocultamiento posterior de sus cadáveres y a todos ellos se les tiene, en consecuencia, como víctimas de la violación a su derecho a la vida”, concluiría el informe Rettig más de una década después del sobreseimiento.
Las investigaciones posteriores terminarían determinando que los oficiales a cargo de Castro se impactaron al conocer los planes de ejecución y se sometieron debido a que la amenaza era que si no cumplían la orden, su turno sería el siguiente. Asimismo, determinaron que hubo forcejeos y peleas a golpes, antes de que los campesiones fuesen arrojados al pozo de nueve metros de profundidad.
Cuando los policías se retiraron, aún se escuchaban quejidos.
El retiro de televisores
El caso de los Hornos de Lonquén ganó gran notoriedad pública, lo que movilizó a las autoridades militares a iniciar un plan rastrillo llamado Operación Retiro de Televisores para el desentierro de los cadáveres de prisioneros políticos de la dictadura, haciéndolos desaparecer en el mar y en otros lugares.
Aquello ocurrió por ejemplo en el caso de La Moneda, que involucró a los 23 cercanos al presidente Allende que fueron detenidos en el palacio presidencial y posteriormente fueron fusilados en un pozo seco en las cercanías del campo militar de Peldehue en 1973. Y a raíz de la relevancia que ganó el caso de Lonquén, uno de los implicados en los asesinatos de Peldehue tuvo que revelar el lugar de la fosa clandestina, procediendo al posterior desentierro, remoción de los cuerpos y traslado para arrojarlos al mar en las costas de la región de Valparaíso.
En el caso de los campesinos, se implementó otro tipo de medida. A pesar de que la Fiscalía Militar ofició al Servicio Médico Legal a entregar restos identificables, y los familiares organizaron una misa de funeral en la Iglesia Recoleta Franciscana, los cuerpos nunca llegaron.
Como parte del “retiro de televisores”, los restos terminaron siendo enterrados en una fosa común del cementerio parroquial de Isla de Maipo, ya que la propia Fiscalía Militar dispuso aquella acción. Los familiares de ese modo reclamaron y la corte marcial tomó una medida disciplinaria por escrito, la cual quedó sin efecto por parte de la Corte Suprema.
El cierre a 40 años del hallazgo
Con el regreso de la democracia, el sitio de los Hornos de Lonquén fue declarado monumento nacional en enero de 1996. Luego, el lugar fue adquirido en 2005 por el fisco para mantenerlo como un sitio histórico. Un año después, se concretó la exhumación de los restos en el cementerio y un laboratorio extranjero comenzó a trabajar en la identidad de cada pieza ósea.
Cuatro años después, en febrero de 2010, el ministro en visita Héctor Solis informó en el Servicio Médico Legal la identificación de gran parte de los campesinos y recibió a los familiares. Lo anterior permitió que más de 36 años después de los asesinatos, en marzo de 2010, 14 urnas fueran entregadas y se pudiese finalmente realizar el funeral y el homenaje en la Iglesia Recoleta Franciscana, tal y como originalmente se planeó en septiembre de 1979. Finalmente las urnas terminarían siendo trasladadas hasta un memorial en el cementerio de Isla de Maipo, concretándose un funeral el 28 de marzo de 2010.
Pero la tarea no estaba completa y el último cuerpo en ser reconocido y entregado fue el de Manuel Navarro, lo que permitió que su funeral y homenaje se concretase en enero de 2016.
Todos ellos son recordados en el memorial, el cual fue visitado en 2022 por la Delegación Provincial de Talagante y las familias para gestionar mejoras en el acceso y la propia mantención y cuidado del histórico lugar.
En cuanto a los carabineros, el fallo de junio de 2018 de la Corte Suprema - casi 40 años después del hallazgo informado por Inocente Palominos a la Vicaría - terminó rechazando un recurso de casación y confirmó la sentencia de 15 años y un día en contra de David Coliqueo Fuentealba, Justo Ignacio Romo Peralta, Félix Héctor Sagredo Aravena, Jacinto Torres González y Juan José Villegas Navarro, por el delito de secuestro calificado. En tanto, Pablo Ñancupil Raguileo fue condenado a 11 penas de 60 días de presidio como autor de secuestro simple.
El jefe de la tenencia, Lautaro Castro Mendoza, falleció en diciembre de 2017, antes de recibir la condena definitiva. Sin embargo, sus crímenes en Isla de Maipo también los llevó a enfrentar la justicia durante gran parte de este siglo. En 2007 fue arrestado tras permanecer prófugo durante seis meses al ser condenado por el secuestro de Juan de Dios Salinas y Guillermo Bustamante Sotelo, en hechos ocurridos en el Puente Naltahua durante octubre de 1973, siendo condenado a la pena de 10 años y un día en 2010.
Según su defensa, al momento de su muerte, mientras enfrentaba el proceso en la Corte Suprema por los crímenes en Lonquén, se encontraba ciego, con diabetes severa y estaba sometido a diálisis. Antes de morir, intentó recibir un indulto presidencial de la Presidenta Michelle Bachelet por razones humanitarias, lo cual fue rechazado.
Ve el documental Hornos de Lonquén a continuación.
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