El gobierno presentó una querella contra Luis Arturo Castillo Opazo (38), indultado por el Presidente Gabriel Boric y que ayer fue detenido en Copiapó.

El sujeto está siendo vinculado a un supuesto secuestro de un hombre de 42 años, a quien habrían ocultado en la maleta de una camioneta. El imputado fue detenido junto a cuatro mujeres, tres de ellas de 15 años.

Según detalló La Tercera, en la acción judicial, presentada por el abogado Francisco Castro, se recoge la versión que la víctima entregó a Carabineros en momentos de su liberación. En ese relato se sostiene que “el día 14 de diciembre de 2023, en horas de la madrugada, en circunstancias que la víctima se encontraba junto a su pareja en el servicentro Shell, ubicado en Avda. Copayapu con calle Guillermo Toro Lorca, fue abordado por el querellado junto a otros sujetos, quienes lo intimidaron con un arma blanca, forzándolo a ingresar al maletero del vehículo en el que se desplazaban, manteniéndolo cautivo durante toda la noche”.

“En horas de la mañana del mismo día, uno de los sujetos entregó a la víctima un teléfono celular, oportunidad que aprovechó para enviar su ubicación a su pareja, quien alertó a funcionarios de Carabineros de la ocurrencia del ilícito. Así las cosas, el personal policial se trasladó hasta el servicentro COPEC, ubicado en Avda. Copayapu esq. Luis Flores, donde procedieron aproximadamente a las 09:30 horas a la detención del querellado, una mujer adulta y tres mujeres menores de edad”, se agrega.

Asimismo, la querella apunta a una mujer de 18 años identificada como Camila Morales Campillay, a otras tres menores de edad y a “todos quienes resulten responsables”.

Querella del gobierno

“Los hechos descritos y enumerados en el capítulo anterior son constitutivos del delito de secuestro, el que –sin perjuicio de otros cuya configuración pudiera determinarse durante el transcurso de la investigación, así como de la relación concursal que medie entre ellos– se analiza en detalle a continuación”, se describe en la calificación jurídica del escrito.

“En efecto, mediante el delito de secuestro, nuestro ordenamiento jurídico sanciona a quien “sin derecho encerrare o detuviere a otro privándole de su libertad”, siendo los principales bienes jurídicos protegidos la seguridad individual y la libertad ambulatoria”, se argumenta.

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