La destitución de Isabel Allende podría desatar una bomba de racimo en el Congreso Nacional. Reportaje reveló los nombres de otros legisladores vinculados a contratos con el Estado.
Nerviosismo habría en los pasillos del Congreso Nacional por los efectos que podría tener la destitución de la senadora Isabel Allende (PS) por la fallida compra-venta, impulsada por el Gobierno, de la casa de su padre, Salvador Allende.
Si bien aún no se conoce el fallo del Tribunal Constitucional que sancionó a Allende, se supo que se invocó de manera inédita el artículo 60 de la Constitución Política: “cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado”.
La aplicación de la norma podría desatar una avalancha de requerimientos por el mismo motivo, respecto de congresistas que tuvieron o aún tienen contratos con el Fisco. Así al menos lo averiguó The Clinic, en un reportaje donde enumeró cinco legisladores vinculados a negocios que reciben platas públicas.
Los otros senadores y diputados vinculados a negocios con el Estado
Según adviertien en el citado medio, este es un listado parcial, pues podrían ser muchos más, debido a que no todos reportan con claridad todos sus negocios en su declaración de intereses.
De acuerdo al reporte, el senador Juan Castro Prieto, del Partido Social Cristiano (PSC), participó en la propiedad de la Constructora Indemma, que registra más de $3 mil millones en pagos desde organismos públicos. Aseguró que no forma parte de la compañía al menos desde enero de 2020, pero desde que asumió en el Senado hasta esa fecha, la firma recibió más de $1.400 millones.
Otro mencionado es el senador Fidel Espinoza (PS). Participó de la propiedad de una radio, la sociedad Difusora Fresia Limitada, que recibió cerca de $14 millones desde municipios de Los Lagos. Se defendió asegurando que dejó la empresa en 2005, pero por algún motivo -que él atribuye a un error de registro- seguía apareciendo como socio hasta 2018. Tras ello, su tío siguió como dueño.
El diputado y actual candidato presidencial, Jaime Mulet (FRVS), fue parte de la propiedad de una radio en Vallenar, a través de otra empresa. La emisora tiene tratos comerciales con municipios y servicios públicos. El parlamentario salió de la compañía un mes despues de asumir su escaño y el control de la firma lo tomó su esposa, Flavia Torrealba, la actual presidenta del Frente Regionalista Verde Social.
Por su parte, la diputada Ximena Ossandón (RN) es parte de una sociedad accionista de la fintech Cumplo Chile Spa y desde el momento en que figura como socia, la empresa ha recibido más de $28 mil millones desde Tesorería y Corfo. Se defendió asegurando que tiene un porcentaje mínimo de propiedad y que su empresa es “un inversionista pasivo”.
Otro caso es el del senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli), quien arrendó una casona a la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) hasta noviembre de 2020. Cobraba cerca de $4 millones mensuales. Este caso fue conocido pero no hubo firmas suficientes para llevarlo al TC. Mientras era congresista, el arriendo de Cruz-Coke sumó unos $147 millones.
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