A fines de febrero, la Fiscalía Regional de Coquimbo solicitó una medida inédita al Séptimo Juzgado de Garantía: incautar simultáneamente los teléfonos de autoridades como la senadora Isabel Allende (PS), la ministra de Defensa Maya Fernández (PS) y el jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi (FA).

Todo tenía como base un argumento que planteaba que Allende y Fernández habrían infringido la prohibición constitucional de realizar contratos con el Estado en un negocio que involucraba a la casa del presidente Salvador Allende.

De a cuerdo a un reporte de La Tercera, para lograr la medida desde la Fiscalía se presentó como prueba la ahora bullada intervención telefónica al teléfono de Crispi, quien en una conversación con su madre responsabilizó a Allende por presiones para concretar la compraventa.

También aportó testimonios de funcionarios que describieron la “premura” en firmar los decretos y negociaciones que subieron el precio de la propiedad de $828 millones a $922 millones en solo dos semanas.

Sin embargo, el juez Cristián Azócar rechazó posteriormente la incautación, señalando que no había evidencia de tráfico de influencias ni intervención indebida. También recalcó que la aceleración del proceso obedeció a una instrucción presidencial.

Tras la filtración de los audios, Isabel Allende calificó de “falsas” las afirmaciones de Crispi, mientras que candidatos presidenciales de derecha como Evelyn Matthei (UDI) y José Antonio Kast (Republicanos) exigieron que se investigue hasta el fondo y emplazaron al Presidente Boric a asumir la responsabilidad.

Recuerden que Allende, Fernández y Crispi dejaron sus puestos a raíz de este caso.