El debate sobre el uso fraudulento de licencias médicas para viajar al extranjero por parte de funcionarios públicos ha generado un escándalo que sigue creciendo por la falta de probidad. Miles de trabajadores estatales están siendo investigados por ausentarse con justificativos médicos mientras realizaban viajes fuera del país.

Y la controversia ha derivado en sumarios masivos y presiona al gobierno, aunque también existen voces que cuestionan el escándalo tanto de oposición como de oficialismo.

En ese contexto, hay un antecedente clave que pone un oscuro panorama para los funcionarios públicos que están en la pitilla. Según Radio Biobio, en 2012 la Contraloría respaldó la destitución de Pedro Casanueva, funcionario de la Defensoría Penal Pública, quien utilizó una licencia médica para encubrir un viaje previamente planificado.

El dictamen desestimó los argumentos de la defensa y recalcó que el problema no era la validez médica de la licencia, sino un problema de probidad por la conducta deliberada del funcionario por ocultar sus reales intenciones.

“La sanción expulsiva se aplicó no por el eventual mal uso clínico de la licencia, sino por la conducta deliberada y poco transparente del funcionario, incompatible con la ética y probidad que exige el cargo público“, determinó la Contraloría en ese entonces.

Dicha resolución citó dictámenes previos para afirmar que, ante infracciones graves a la probidad, no caben atenuantes. De ese modo, la sanción debe aplicarse con rigor, incluso si el Compin o la Isapre no invalidaron la licencia.

En ese sentido, el criterio utilizado hace más de una década reafirmó que los servicios públicos no solo pueden, sino deben sancionar a quienes burlen los principios de probidad. Y eso es una mala señal para los funcionarios al centro de la nueva polémica.